La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentó ante el Consejo Permanente el Informe Periódico número 38 de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (Mapp/OEA), en el que detalla las labores de monitoreo realizadas entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2024.
Durante ese semestre, la Mapp/OEA llevó a cabo 943 misiones en terreno, recorriendo más de 131 mil kilómetros por vías terrestres y fluviales. Las actividades cubrieron 275 centros poblados ubicados en 171 municipios de 25 departamentos del país.
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El documento alerta sobre el recrudecimiento de las violencias en varias regiones y las graves afectaciones a la población civil, a pesar de los esfuerzos adelantados por el Gobierno nacional para avanzar en la política de Paz Total, la implementación del Acuerdo Paz firmado en 2016, la agenda de mujeres, paz y seguridad y la estrategia de paz ambiental.
Entre los hechos documentados se reportan desplazamientos forzados y confinamientos en zonas como Antioquia, Arauca, Córdoba, Chocó, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Tolima y Valle del Cauca.
El informe también advirtió sobre el aumento del reclutamiento de menores de edad y la persistencia del uso de minas antipersonal y municiones sin explosionar por parte de grupos armados ilegales.
Estas herramientas son empleadas para establecer cercos defensivos en corredores de movilidad, lo que incrementa el riesgo para las comunidades.
“El fortalecimiento, crecimiento y ampliación del accionar de los grupos armados durante este semestre ha tenido un impacto directo sobre la población civil, especialmente en territorios donde existen disputas entre estructuras ilegales”, afirmó Roberto Menéndez, jefe de la misión, durante su intervención ante el Consejo Permanente.
En ese contexto, reiteró que la protección de la vida debe ser el eje central de todas las iniciativas de paz.
El informe también presenta un balance sobre los avances registrados en los diálogos entre el Gobierno nacional y diversos actores armados.
Entre estos, destaca la instalación de la Mesa para la Co-construcción de Paz Territorial en Nariño, la firma de acuerdos sobre ceses al fuego bilaterales de carácter local y temporal, y la destrucción de material bélico con el grupo Comuneros del Sur.
Asimismo, se hace referencia a los acuerdos alcanzados con el Estado Mayor de Bloques y Frentes y con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano para la instalación de Zonas de Ubicación Temporal.
La misión considera que, aunque se trata de avances circunscritos a áreas específicas, pueden constituir un punto de partida para transformaciones más amplias en los territorios afectados por el conflicto armado.
En relación con el Acuerdo Paz, el documento resalta progresos en la erradicación de cultivos de uso ilícito, la implementación del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, y el trabajo conjunto entre la Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
En el ámbito de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, se menciona la puesta en marcha del Plan de Acción Nacional de la Resolución 1325 y el despliegue territorial del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, con participación de más de 800 mujeres en 16 departamentos.
Sobre Paz Ambiental, el informe menciona la adopción del Plan Acción de Biodiversidad 2030, que establece vínculos entre el conflicto armado, la pérdida de biodiversidad y los circuitos de economías ilegales. Entre las acciones destacadas se encuentran el impulso a la economía agroforestal y la integración de la perspectiva ambiental en los procesos de diálogo.
El informe concluye con 27 recomendaciones dirigidas a 11 entidades del Estado colombiano, entre ellas la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, los ministerios del Interior, Defensa, Justicia, Agricultura y Ambiente, así como la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
La Mapp/OEA insistió en la necesidad de mantener abiertos los espacios de diálogo con los actores armados y reforzar la presencia institucional del Estado en las regiones más vulnerables, haciendo un llamado a todas las partes a respetar el Derecho Internacional Humanitario y garantizar la protección de los derechos humanos de la población civil.
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