Polémica en Chía por mega mansión en zona protegida: vecinos aseguran que sería para Radamel Falcao y alertan sobre fallos judiciales ignorados

La aprobación de una licencia para construir una lujosa mansión de 1.500 metros cuadrados en una zona de reserva forestal en los cerros orientales de Chía ha escalado a una nueva dimensión tras conocerse que el predio estaría destinado al futbolista Radamel Falcao García.

Esta revelación, sumada a denuncias de tala ilegal, intervención de ecosistemas protegidos y antecedentes judiciales que prohíben expresamente este tipo de desarrollos en el área, ha detonado una ola de rechazo por parte de la comunidad, ambientalistas y expertos en derecho público.

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La edificación —que incluye piscina, casa para mayordomos y una cancha de fútbol— se localiza en el sector de Encenillos de Sindamanoy, una zona amparada por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Chía y protegida bajo la Ley 99 de 1993, que define esta área como reserva forestal y bosque protector.

Los representantes de Falcao niegan cualquier relación con el predio

Según los vecinos de Sindamanoy, el constructor Marcos Barón, quien es el propietario del predio y responsable de la obra, les ha asegurado que la mansión está destinada al futbolista Radamel Falcao García.

Esta afirmación ha contribuido a alimentar la controversia, aunque el medio Publimetro reportó que, tras consultar directamente con representantes del jugador, estos negaron que el inmueble estuviera vinculado al delantero de Millonarios.

No obstante, la comunidad mantiene su versión: según información obtenida por Infobae Colombia, vecinos del sector aseguran que existen fotografías en las que aparecen Barón y Falcao juntos, las cuales consideran como evidencia de un vínculo que aún no ha sido confirmado públicamente.

Según se ha denunciado, el permiso fue otorgado por la Alcaldía el 28 de abril de este año en un trámite calificado como “inusualmente veloz” por concejales del municipio, lo que ha despertado serios cuestionamientos sobre la legalidad y transparencia del proceso.

“Nos encontramos con la sorpresa de que en tiempo récord, en una eficiencia que no tiene antecedentes en la autoridad urbanística de Chía, resulta licenciado”, afirmó el concejal Pablo Andrés Castro, quien además denunció que no se respetaron los mecanismos de publicidad que permiten a la ciudadanía manifestar objeciones.

Su colega, Andrés Vela, advirtió que no se cumplió la obligación de notificar a todas las partes interesadas, dejando al margen a la comunidad.

La polémica se intensificó al conocerse que el propietario del terreno habría talado más de 120 árboles sin autorización de la Corporación Autónoma Regional (CAR) y cercado el predio con postes de concreto y mallas metálicas.

Estas acciones, aseguran los denunciantes, afectan de manera grave la conectividad ecológica de especies en peligro de extinción como el zorro cangrejero, el tigrillo lanudo, el armadillo y el fara. También se alerta sobre la interferencia directa con quebradas intermitentes que nutren la cuenca del río Bogotá, lo que comprometería recursos hídricos clave para la región.

“Esto puede ser otro caso como el de Bogotá, donde primero se destruye y luego vienen las sentencias. No queremos lamentar cuando ya sea tarde”, advirtió Javier Wilches, habitante del sector, en referencia a procesos judiciales ambientales que han llegado demasiado tarde para frenar daños irreversibles.

La venta de los predios y posible reactivación inmobiliaria

El caso ha vuelto a traer a la memoria un episodio de 2016, cuando la alcaldía de Chía permitió el avance de un megaproyecto de más de 1.000 viviendas, pese a que existía un fallo judicial que lo prohibía.

Entonces, la constructora Pedro Gómez & Cía., que también aparece mencionada en el actual conflicto, logró entregar los terrenos como pago de deudas a entidades financieras.

Hoy, esos mismos predios están siendo vendidos a precios de remate por bancos como Bancolombia, Itaú, Banco de Bogotá, Colpatria, Davivienda, Bbva y Banco de Occidente, lo que revive el temor de una reactivación masiva de urbanizaciones en la zona.

Según fuentes del concejo municipal, la constructora tenía una deuda superior a los 130.000 millones de pesos con estos bancos, lo que explicaría la presión para liberar predios mediante licencias individuales que podrían abrir la puerta a una urbanización fragmentada y legalmente cuestionable.

La comunidad ha elevado su reclamo hasta las instancias nacionales.

Solicitan la intervención urgente del Ministerio de Ambiente, la Fiscalía General, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para frenar lo que consideran “un atropello ambiental sin precedentes” en la Sabana de Bogotá.

Para Gloria Lucía Álvarez, exdirectora de la CAR y abogada experta en derecho ambiental, el otorgamiento de esta licencia vulnera no solo el POT y la ley ambiental vigente, sino también dos fallos judiciales: uno del Juzgado Administrativo de Zipaquirá (2015) y otro del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (2019), que prohíben cualquier tipo de desarrollo inmobiliario, sea individual o colectivo, en esta zona ecológica.

“El riesgo aquí es doble: se vulnera un ecosistema estratégico y se abre la posibilidad de que sentencias judiciales previamente ganadas por la comunidad pierdan fuerza frente a la presión urbanística”, advirtió Álvarez.