El Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, nuevamente se enfrenta a otro obstáculo para convocar la consulta popular que negó el Senado de la República el 14 de mayo de 2025. El registrador Hernán Penagos informó que solicitará el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para determinar el paso a seguir con respecto a la convocatoria.
Asimismo, indicó que también solicitará a las altas cortes que se pronuncien de manera ágil y oportuna sobre las demandas que han sido interpuestas contra la consulta. A esto se suma la remisión de copias de las solicitudes a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a la Procuraduría General de la Nación.
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“Debe quedar claro que ni el registrador nacional ni la Registraduría Nacional tienen superior funcional en la Constitución Política. Claramente, la Corte Constitucional ha destacado la condición de órgano autónomo e independiente que garantiza neutralidad y genera confianza en los procesos electorales. Reitero, la Registraduría Nacional no tiene superior funcional, es un órgano neutro que solo busca la integridad del proceso electoral”, precisó el funcionario en una rueda de prensa.
Su decisión suscitó todo tipo de reacciones en el país político, algunas de ellas, a manera de rechazo. Una de las personas que se pronunció al respecto fue el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, que aseguró que la Registraduría Nacional y quien la lidere sí tienen un superior jerárquico: la ciudadanía.
“Se equivoca. El registrador sí tiene un superior y es el pueblo. En democracia al pueblo se le obedece”, afirmó el jefe de la cartera, instando al servidor público a llevar a cabo las gestiones necesarias para llevar a cabo la consulta popular. Dicho mecanismo de participación ciudadana consiste en convocar a los habitantes del país a las urnas, para que voten a favor o en contra de 12 preguntas relacionadas con el régimen laboral actual y con la reforma que busca implementar el Gobierno en la materia.
No hay tiempo para llevar a cabo la consulta popular
Por otro lado, el registrador Nacional informó que no hay tiempo suficiente para convocar la cuestionada consulta popular, ya que el Gobierno pretende llevarla a cabo el 7 de agosto. Según el funcionario, no es posible realizar todos los procesos de logística y planeación requeridos para ello en apenas 53 días, que es el tiempo que tendría la entidad para preparar y adelantar el mecanismo de participación ciudadana.
De acuerdo con su explicación, se necesita de al menos tres meses para hacer los preparativos, según lo establece la Constitución Política y la ley colombiana.
La senadora y precandidata María Fernanda Cabal mostró su respaldo a la determinación del servidor público, asegurando que el Gobierno nacional está presionando a la Registraduría para que convoque la consulta popular en un tiempo récord. De igual manera, insistió en que las altas cortes deben revisar la validez y viabilidad de la propuesta, que ya tiene un concepto desfavorable.
“Total apoyo al señor Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, en la decisión responsable y en derecho que ha tomado de no convocar una Consulta Popular en 53 días por presión indebida de Petro. Le corresponde además a las Altas Cortes, Consejo de Estado y Corte Constitucional examinar la constitucionalidad de esa consulta”, señaló la congresista de la oposición en su cuenta de X.
Otro golpe para el Gobierno y su consulta popular
La Procuraduría General de la Nación, por medio de la Procuradora Séptima Delegada, dio su visto bueno a la decisión que tomó el Senado de dar un concepto desfavorable a la consulta popular. Determinó que no hubo ningún tipo de irregularidad en el momento en el que el Congreso emitió dicho concepto.
“Solicita negar la medida cautelar de suspensión de los efectos del acta o certificación de consolidación de resultados dela sesión en la que se emitió concepto desfavorable a la solicitud del presidente de la República de convocar a una consulta popular del orden nacional, por cuanto en este momento procedimental, no se advierte vulneración del ordenamiento jurídico en virtud de su expedición”, se lee en el texto.
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