Soldados y policías robaban armas, granadas y municiones de bases militares para vendérselas a disidencias: la Fiscalía los acusó de tres delitos

La Fiscalía General de la Nación anunció la captura y judicialización de diez presuntos integrantes de una red dedicada a la comercialización de armamento y municiones de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia

Según el reporte oficial, estos sujetos comercializaban el armamento a las estructuras de las disidencias de las Farc y a bandas ilegales urbanas en los departamentos de Cauca, Tolima, Meta y Arauca, así como con bandas ilegales urbanas en Bogotá.

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Entre los capturados figuran Alberto Hernando Orozco Salcedo, Luis Eduardo Urueña Díaz, Henry Mosquera Ramírez, Homes Bastidas Ardila, Bernardino Wilches Vargas, Jaime Humberto Puentes Puentes, Jairo Enrique Valenzuela Ramírez, David Bustos Vanegas, Jhon Alexander Salgado Osorio, Yesi Lenin Molano Santamaría y Katerine Celeste Baquero González.

“Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales los presentó ante un juez de control de garantías de Bogotá y les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; fabricación tráfico porte o tenencia de armas de fuego accesorios partes o municiones; y utilización ilegal de uniformes e insignias”, mencionó la Fiscalía en un comunicado.

De acuerdo con la investigación del ente acusatorio, estos sujetos sustraían armas, municiones y explosivos de batallones ubicados en Bogotá, del Fuerte Militar de Tolemaida (Tolima) y de la sede de Indumil en Soacha (Cundinamarca). Además, utilizaban salvoconductos vencidos para inducir al error a comercios dedicados a la venta legal de municiones para armas de uso personal.

“La red delincuencial estaría conformada por personal activo y retirado del Ejército Nacional y la Policía Nacional, y civiles con actividades comerciales lícitas que servían de fachada para ocultar las acciones ilegales”, explicaron.

Entre los miembros de la fuerza pública que fueron detenidos por las autoridades, se encuentra Jhon Alexander Salgado Osorio, un soldado profesional del Ejército Nacional, que, según la investigación, era el encargado de sustraer las municiones, granadas y partes de armamento de los batallones militares para venderlas a los grupos armados, a través de intermediarios.

Por su parte, Alberto Hernando Orozco Salcedo, que era intendente pensionado de la Policía Nacional, sería uno de los cabecillas de la red criminal y reclutaba a personas con acceso a Indumil para extraer las armas de fuego y municiones, que luego eran vendidas con permisos falsos.

En medio de estos operativos, las autoridades también incautaron una considerable cantidad de armamento, municiones y uniformes militares, así como dinero en efectivo, siendo catalogada como un golpe significativo contra las estructuras criminales que abastecen de armamento a las organizaciones ilegales en Colombia.

“En los operativos fueron incautados 20 salvoconductos vencidos, 3.184 municiones de varios calibres, 6 partes de fusil, 67 proveedores de diferentes tipos de armas, 13 pistolas, 16 rifles, 7 revólveres, 1 lanzagranadas, 1 subametralladora, 5 escopetas, 4 carabinas, 1 detonador eléctrico, 55 uniformes pixelados similares a los usados por las Fuerzas Militares y 45.000.000 de pesos en efectivo”, resaltaron.

Durante una audiencia judicial, todos los procesados aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía, por lo que un juez los cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario.

“Estas personas fueron capturadas en nueve diligencias de registro y allanamiento, adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Brigada 13 del Ejército Nacional”, puntualizó la Fiscalía en un comunicado, reiterando su compromiso de fortalecer los controles y de llevar ante la justicia a quienes resulten responsables de estos hechos.

El caso pone en evidencia la complejidad de las redes de tráfico de armas en Colombia y la participación de funcionarios públicos en actividades ilícitas que alimentan el conflicto armado y la criminalidad urbana.

Entre tanto, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia, así como la Fiscalía General de la Nación, buscan determinar el alcance total de la red y la posible participación de otros individuos o entidades en la sustracción y comercialización de armamento y municiones en el país.