Más de veinte mil contribuyentes en Colombia que enfrentan procesos penales o denuncias activas por evasión de impuestos fueron citados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Fiscalía para comparecer el martes 17 de junio de 2025.
De acuerdo con el comunicado de la entidad aduanera, los 20.944 contribuyentes deberán acudir a las instalaciones de las direcciones seccionales de la entidad en cada ciudad del país, para que formalicen acuerdos de pago, apliquen recursos retenidos o embargados a su deuda, reciban orientación institucional para normalizar su situación tributaria o accedan a la suspensión o archivo de procesos penales, siempre que paguen la totalidad de la obligación en mora.
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El director general (e) de la Dian, Luis Eduardo Llinás Chica, destacó la importancia de la jornada.
“Esta jornada representa una oportunidad concreta para que los contribuyentes salden sus deudas, evitando consecuencias jurídicas. La alianza entre la Dian y la Fiscalía refuerza nuestro compromiso con el cumplimiento tributario y la justicia fiscal”, afirmó el funcionario.
También, hizo un llamado a los contribuyentes involucrados para que se acerquen a las direcciones seccionales y normalicen su situación tributaria, argumentando que los contribuyentes pueden acceder a orientación y asesoría durante la jornada, así como solicitar la suspensión o archivo de procesos penales si cumplen con el pago total de la deuda.
“Los impuestos son el motor para que el sistema funcione para todos, por eso invito a todos estos contribuyentes a acercarse a nuestras direcciones seccionales y normalizar su situación tributaria”, indicó Llinás Chica.
No obstante, reiteró que quienes no atiendan la citación o no regularicen su situación enfrentarán consecuencias como el embargo de bienes, la inclusión en el boletín de deudores morosos y la continuidad de los procesos penales en su contra.
“Saldar la deuda no es solo resolver un problema con la DIAN, es un acto de respeto con millones de colombianos que ya cumplieron”, enfatizó.
Según la entidad, el monto total de la cartera en mora asciende a 911.590 millones de pesos, recursos que resultan fundamentales para el funcionamiento del Estado colombiano.
Adicionalmente, la Dian y la Fiscalía ejecutará medidas adicionales, como el secuestro de 220 bienes embargados pertenecientes a 137 contribuyentes con deudas superiores a 202.044 millones de pesos.
Del mismo modo, se aplicarán 5.200 depósitos judiciales por un valor estimado de $80.317 millones de pesos, que se abonarán a las deudas de 720 contribuyentes, respectivamente.
Por último, la Dian reiteró que los interesados pueden consultar los servicios disponibles y conocer su estado de cuenta a través del portal oficial de la entidad aduanera, o mediante el enlace habilitado para la jornada, además de líneas específicas para atención de impuestos, aduanas y cobro.
“Saldar la deuda no es solo resolver un problema con la DIAN, es un acto de respeto con millones de colombianos que ya cumplieron”, concluyó el director Llinás.
La lucha contra la evasión fiscal se ha convertido en una prioridad urgente para la Dian, que ha dejado claro que el objetivo no es solo sancionar, sino también recuperar recursos fundamentales y fomentar una cultura de cumplimiento tributario.
La jornada de cobro forma parte de una estrategia más amplia de la entidad para fortalecer la cultura de cumplimiento tributario y garantizar la recuperación de recursos esenciales para el país.
Adicional a ello, la Dian ha implementado acciones contundentes, como el secuestro de bienes y la aplicación de depósitos judiciales, para asegurar que los contribuyentes morosos respondan por sus obligaciones.
Según la legislación colombiana, si una persona natural o jurídica deja de pagar o de declarar tributos y la deuda acumulada con la Dian es igual o superior a 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (unos 1.300 millones de pesos para 2025), puede enfrentar una pena de hasta 48 meses de prisión.
Este escenario se agrava si se detectan activos omitidos con valores aún más altos. Por ejemplo, si el valor fiscal de los bienes no declarados supera los 2.500 salarios mínimos (alrededor de 3.250 millones de pesos) pero no excede los 5.000 salarios (aproximadamente $6.500 millones), la pena de cárcel se aplica, además de que, incrementa en una tercera parte.
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