
Los señalamientos en torno al senador Iván Cepeda tomaron un nuevo giro durante la audiencia del 13 de junio de 2025 en el juicio que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado por los delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal.
En esta etapa procesal, el foco se dirigió hacia los presuntos aportes económicos realizados a la familia del testigo Juan Guillermo Monsalve, por medio de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, una organización que está relacionada con el congresista del Pacto Histórico.
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En desarrollo de la diligencia judicial, el abogado investigador Franklin Guevara presentó ante el estrado una serie de documentos contables que dan cuenta de pagos realizados a varios integrantes del núcleo familiar de Monsalve. De acuerdo con su exposición, las facturas y comprobantes de egreso reflejan la entrega de recursos para cubrir conceptos como pasajes nacionales e internacionales, asesoría turística, viáticos y apoyo económico directo.
Según detalló Guevara, uno de estos documentos —la factura 140-3-72— indica un gasto por “pasajes internacionales y nacionales y excursiones” dirigido a Luis Daniel Agudelo Monsalve y Marta Elena Monsalve, por un monto superior a $3.000.000.
El jurista añadió que, entre los registros contables, también figura un aporte de $1.200.000 bajo el nombre “Aporte Apoyo Fondo familia Monsalve”, así como desembolsos adicionales por conceptos como trámite de pasaporte para Óscar Antonio Monsalve Correa.
“Luego de ello viene otro comprobante de egreso, este con el Número 17 115. ‘Aporte Fondo de Protección a Víctimas’. Y este estaría firmado por Marta Monsalve por valor de $1.200.000”, precisó Guevara, que estableció la existencia de otros pagos por sumas de $500.000 y $50.000, relacionados con trámites descritos como “Familia en riesgo”.

Uno de los elementos que más controversia generó fue la declaración de Óscar Monsalve, padre del exparamilitar, que aseguró que su familia recibió pagos mensuales por parte de Cepeda y que incluso se les ofreció la posibilidad de recibir asilo político en Argentina.
“Nos daba $1.200.000 cada mes. Lo hizo por tres meses. Y dijo que nos mandaba a Argentina, premio a nosotros y luego a su hijo Juan Guillermo Monsalve”, señaló el declarante, que también sostuvo que ninguna de las condiciones prometidas se materializó, por lo que, según sus palabras, quedaron esperando una protección que nunca llegó.
Senador del Pacto Histórico niega haber gestionado directamente desembolsos
Frente a la exposición de estos hechos, el senador Iván Cepeda respondió públicamente a través de su cuenta en la red social X, al día siguiente de la audiencia.

En su declaración, el congresista enfatizó que los pagos cuestionados no fueron realizados por él directamente ni con recursos propios, y que su objetivo nunca fue favorecer a los testigos con promesas o beneficios.
“Franklin Guevara en su declaración intentó demostrar que la familia de Juan Guillermo Monsalve Pineda recibió dineros injustificados por parte del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos; sin embargo, en contrainterrogatorio tuvo que reconocer que: i) desconocía el origen de dichos recursos; ii) no verificó que los mismos fueron aportados por Amnistía Internacional; iii) no verificó el procedimiento que el Comité realizó para efectuar dichos pagos ni que los mismos fueron aprobados por la Junta Directiva de la referida Fundación (sic)”, escribió Cepeda.

Cepeda también recordó que este asunto ya fue evaluado por la Corte Suprema de Justicia. Según su publicación, el alto tribunal emitió un auto inhibitorio el 16 de febrero de 2018, dentro del radicado 38.451, en el cual concluyó que tanto la participación del Comité como la suya propia frente al testigo Juan Guillermo Monsalve, se fundamentó en “motivos serios y verificados sobre el riesgo que corrían su vida y la de los miembros de su familia”.
El legislador precisó que, ante las dificultades para gestionar medidas de protección con la Oficina de Protección de Testigos de la Fiscalía, la fundación prestó apoyo económico y adelantó diligencias en otros países, aunque sin éxito debido a la situación judicial del testigo, lo que posteriormente llevó a la pérdida de contacto.
“No fue aclarada cuál era la función que realmente ella cumplía en la obtención de la carta en la que alias ‘El Tuso’ faltó a la verdad”, recalcó el senador, recordando que la versión inicial de Sierra fue posteriormente desmentida por él mismo, por su abogado Manuel Retureta y por el exsenador Rodrigo Lara.
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