“Llamado a moderar tono del debate no puede recaer sólo en el Gobierno”: MOE

En medio de un clima político marcado por la polarización, el lenguaje agresivo y los recientes hechos de violencia, la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, alertó sobre los riesgos que enfrenta Colombia de cara a las elecciones de 2026. En entrevista con Colprensa, la experta expuso un diagnóstico crítico sobre el estado de la democracia, señalando tanto los desafíos institucionales como las amenazas provenientes de actores armados ilegales y de un discurso político cada vez más beligerante.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Barrios analizó con especial preocupación el impacto que han tenido decisiones del Gobierno como la expedición del decreto para convocar una consulta popular, medida que, aunque posiblemente sea tumbada por los jueces por falta del concepto previo del Senado, ya deja ver tensiones en el equilibrio de poderes y un preocupante desconocimiento de los límites constitucionales.

Para la directora de la MOE, el uso de mecanismos de participación como la consulta popular es legítimo y está consagrado en la Constitución de 1991, pero su implementación debe hacerse respetando las formas institucionales y evitando el uso de estrategias proselitistas o polarizantes.

En ese sentido, la funcionaria insistió en que el riesgo no reside en la consulta misma, sino en el posible uso de esta como herramienta de confrontación política. El escenario se complica aún más por la creciente confrontación entre distintas ramas del poder público, como la que ha protagonizado recientemente el presidente Gustavo Petro y el presidente del Congreso, Efraín Cepeda. Barrios fue enfática en que, cuando el enfrentamiento institucional se convierte en espectáculo político, todos pierden y se debilita la confianza ciudadana en la democracia.

Uno de los puntos centrales de su análisis es el papel que juega el lenguaje político en el actual contexto. Según explicó, el discurso público está cruzado por expresiones agresivas y polarizantes, con alta carga de desinformación, lo que no solo fragmenta el debate democrático sino que puede traducirse en violencia real contra quienes ejercen liderazgos, especialmente en zonas donde persisten la conflictividad y la presencia de grupos armados.

El atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay –ocurrido en Bogotá– fue mencionado como un punto de inflexión que evidencia el deterioro del clima democrático. A raíz del hecho, algunos sectores políticos decidieron retirarse de espacios como la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento Electoral, un foro institucional clave para garantizar condiciones equitativas de participación. Para Barrios, esta clase de reacciones son muestra de cómo el lenguaje polarizante y la falta de confianza están erosionando los canales institucionales de diálogo.

Barrios subrayó que no puede recaer únicamente en el Gobierno la responsabilidad de moderar el debate. Aunque la administración nacional debe garantizar un marco institucional sólido, la despolarización del discurso político es una tarea colectiva que compromete a todos los actores del espectro político. Es urgente –dijo– que las campañas electorales se centren en propuestas y no en agravios, y que los partidos asuman con responsabilidad el reto de construir un clima de respeto institucional.

A nivel territorial, el panorama tampoco es alentador. La MOE ha documentado un aumento significativo de la violencia contra líderes políticos, sociales y comunales. Entre enero y abril de 2025 se registraron 128 hechos violentos, una cifra superior incluso a la del mismo período de 2024. Del total de agresiones, casi la mitad fueron dirigidas contra liderazgos políticos y más del 40% correspondieron a acciones letales, como asesinatos o atentados. Cauca, Huila, Norte de Santander, Bogotá, Córdoba y Valle del Cauca figuran como los departamentos más afectados.

Barrios insistió en que esta violencia no es circunstancial ni aislada: se trata de un fenómeno estructural que se intensifica en tiempos preelectorales y que atenta directamente contra el derecho a la participación y la legitimidad del proceso democrático. Según explicó, el riesgo proviene tanto de la acción directa de grupos armados ilegales —como disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo— como de otras formas de violencia política, incluyendo presiones del crimen común, estructuras locales ilegales o incluso persecuciones desde sectores institucionales.

En zonas como el norte del Cauca, el Catatumbo, el sur del Valle del Cauca y el Bajo Cauca antioqueño, estos grupos ejercen control armado y buscan incidir en las dinámicas electorales mediante la intimidación, el veto a candidaturas y la manipulación del entorno político. Además, la fragmentación de las estructuras ilegales —especialmente de las disidencias— representa un nuevo desafío para el Estado, pues los mandos regionales operan de forma autónoma y descoordinada, dificultando cualquier tipo de interlocución o control desde las cúpulas.

Pese a este complejo panorama, la MOE plantea una ruta para fortalecer las garantías democráticas rumbo a 2026. En primer lugar, considera fundamental activar mecanismos institucionales como el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección Electoral (Cormpe), que permite la adopción de medidas concretas frente a riesgos identificados. También propone articular el Plan Nacional de Garantías Electorales con las estrategias de paz y seguridad, prestando especial atención a los focos de conflictividad territorial.

De igual manera, la organización insiste en la necesidad de protocolos diferenciados de protección para líderes amenazados y en garantizar la seguridad durante los actos proselitistas, antes, durante y después de su realización. La ausencia de garantías, explicó Barrios, no solo pone en riesgo vidas humanas, sino que puede llevar al retiro de sectores políticos de espacios institucionales, debilitando aún más la democracia.