La Procuraduría General de la Nación ha iniciado investigaciones disciplinarias contra varios funcionarios del departamento del Vichada por su presunta participación en actividades políticas en el marco de las elecciones atípicas que se celebrarán el domingo 15 de junio para elegir al nuevo gobernador.
Entre los señalados están Hermides Joven Celis, gobernador encargado; Álvaro Cardozo, director del Hospital San Juan de Dios; Luis Eduardo Arias, alcalde del municipio de La Primavera; Julián Roberto Moya, procurador regional; y Anyela Rodríguez Oviedo, funcionaria de la misma entidad.
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La denuncia fue presentada por el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, y alerta sobre posibles actos de proselitismo político en favor del candidato Juan Carlos Cordero Rojas.
En un video que circula en redes sociales, se observa a varias figuras públicas del departamento participando en actos de apoyo a dicho aspirante, quien cuenta con el respaldo del exgobernador Alexys Benito, recientemente condenado por corrupción.
Las imágenes muestran, entre otros, al gobernador encargado, al alcalde de La Primavera, al gerente del hospital, a dos procuradores regionales y a la esposa de Benito en actividades de campaña. Esto ha generado inquietud sobre la neutralidad de los funcionarios y la transparencia del proceso electoral.
Ante la gravedad de los señalamientos, la Procuraduría decidió retirar del cargo al procurador regional del Vichada, Julián Moya, quien también aparece implicado.
La participación de funcionarios públicos en política está expresamente prohibida por la normativa vigente, ya que compromete la imparcialidad que deben observar en el ejercicio de sus funciones.
Idárraga advirtió que estos hechos no solo infringen la ley, sino que afectan la credibilidad institucional y ponen en duda la legitimidad de las elecciones.
Según expertos, la intervención indebida de servidores públicos en procesos electorales mina la confianza de la ciudadanía y puede perpetuar prácticas clientelistas dentro de la administración pública.
Vichada enfrenta elecciones atípicas entre escándalos y nuevas medidas de seguridad electoral
La denuncia se da en un momento clave para el departamento, que acude a las urnas el 12 de junio para elegir a su nuevo gobernador tras la condena a siete años de prisión contra el exgobernador Hecson Alexis Castro, hallado culpable de delitos relacionados con corrupción.
Los candidatos en contienda son Juan Carlos Cordero —respaldado por los partidos de La U, Colombia Renaciente, Aico y Conservador— y Fulberto Guevara, quien se postuló inicialmente por el movimiento “Fulberto” y luego recibió el aval de Alianza Verde en abril.
Esta será la segunda elección de gobernador en lo que va del año, tras los comicios extraordinarios celebrados en Putumayo el pasado febrero.
El proceso electoral en Vichada presenta varios desafíos logísticos, debido a la compleja geografía del departamento.
Según la Registraduría Nacional, el censo electoral está conformado por 56.262 votantes distribuidos en los municipios de Puerto Carreño, Cumaribo, La Primavera y Santa Rosalía.
Para atender a la ciudadanía, se han habilitado 175 mesas de votación en 53 puestos, y se contará con 1.154 jurados de votación.
Jaime Hernando Suárez, delegado de lo Electoral de la Registraduría, explicó que se han adoptado todas las medidas necesarias para garantizar un proceso seguro y transparente.
Una de las principales novedades será el uso de la biometría facial, que se implementará por primera vez en Vichada como mecanismo de seguridad para la identificación de los votantes.
A pesar de los esfuerzos institucionales, las denuncias y señalamientos han aumentado la tensión en el ambiente electoral. La Casa de Nariño habilitó la Línea Nacional Anticorrupción 157 y el Portal Anticorrupción de Colombia (Paco) para que los ciudadanos reporten irregularidades durante la jornada.
Estas elecciones atípicas no solo definirán el futuro del Vichada tras una etapa marcada por escándalos de corrupción, sino que también se desarrollan en un contexto nacional de creciente preocupación por la seguridad política.
El atentado reciente contra el senador Miguel Uribe, en Bogotá, ha elevado las alarmas sobre la violencia y los riesgos que enfrentan los procesos democráticos en el país.
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