
En algunos barrios de Bucaramanga, la adolescencia ya no se mide por años, sino por prontuarios. Para muchos jóvenes, el ingreso al mundo criminal empieza tan temprano como a los 12 o 13 años, y lo que debería ser una etapa escolar se convierte, en cambio, en un entrenamiento forzado en delitos como el microtráfico, la extorsión y el sicariato.
La advertencia no vino de una ONG ni de un informe académico. La hizo el propio alcalde de la ciudad, Jaime Andrés Beltrán, en una intervención en la que puso sobre la mesa un panorama alarmante, grupos criminales están captando de forma sistemática a jóvenes entre los 18 y 22 años, muchos de ellos con antecedentes desde su niñez.
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“Estamos frente a una generación que ha crecido en medio del delito, con antecedentes que incluyen porte ilegal de armas y participación en actos violentos”, afirmó Beltrán con tono directo, sin rodeos.
A pesar de los esfuerzos institucionales por contener esta dinámica, las estructuras criminales no solo persisten, sino que se adaptan y mutan. Según cifras de la Administración municipal, desde 2024 se desarticularon más de 48 bandas delictivas en Bucaramanga, pero muchas de ellas resurgen bajo nuevas fachadas, cambiando de nombre, de líderes o incluso de métodos para evadir a las autoridades.
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Beltrán mencionó con preocupación casos recientes, como la captura de una disidencia del grupo conocido como Tren de Aragua–Los Búcaros en el barrio Villas de Girardot. También alertó sobre la presencia activa de otras organizaciones, como Los del Sur y San Rafa, que no solo operan en las calles, sino que mantienen el control desde centros carcelarios.
Este fenómeno, explica el mandatario, se convierte en un círculo difícil de romper, cuando una banda cae, otra toma su lugar; cuando se encarcela a un líder, alguien más asume el mando. Y en medio de ese ciclo están los jóvenes, reclutados por su vulnerabilidad, por su necesidad o por el simple deseo de poder y dinero rápido.
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Uno de los puntos más críticos señalados por el alcalde es la debilidad institucional para enfrentar este fenómeno desde su raíz. En particular, cuestionó la eficacia del sistema judicial juvenil, que, según él, no está diseñado para responder con contundencia a menores involucrados en delitos graves.
La falta de sanciones proporcionales genera, en sus palabras, un “ambiente de impunidad” que alimenta la reincidencia. Jóvenes que ya estuvieron en centros de reclusión regresan a las calles con más conexiones criminales que antes, sin procesos reales de rehabilitación o reintegración.
Pese a este panorama, la alcaldía no se limitó a una postura punitiva. Beltrán aseguró que su administración promueve programas de formación artística, deportiva y técnica para ofrecer otras rutas de vida. No obstante, también reconoció que estas oportunidades no llegan a todos, y que muchos jóvenes, incluso con opciones sobre la mesa, prefieren mantenerse en dinámicas criminales.
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“Soy promotor de la resocialización y la restauración, pero también soy promotor de que muchos de estos jóvenes no quieren una segunda oportunidad y, por lo tanto, hay que acudir a las penas y a las acciones drásticas para que en la medida que maduran empiecen a entender que el camino que habían cogido era un camino errado”, sentenció el alcalde.
La historia de Bucaramanga no es única. Lo que ocurre en sus barrios ocurre en muchas otras ciudades del país, una generación en disputa entre el abandono institucional y la oferta delictiva, entre la esperanza de una vida diferente y la presión del entorno.
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Y aunque las cifras de bandas desarticuladas o jóvenes capturados pueden mostrar avances momentáneos, el verdadero reto sigue intacto, cómo evitar que el crimen siga siendo la primera opción para tantos jóvenes que, por ahora, ven en él su única salida.
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