Isabel Zuleta criticó al Senado por rechazar garantías laborales para el sector agropecuario: “Lamentable cómo protegen la agroindustria”

La reforma laboral en el Congreso colombiano retomó su curso con la aprobación de un primer bloque de artículos en la plenaria del Senado. Si bien el Ministerio de Trabajo proyecta un impacto económico positivo, especialmente en los sectores agrícola y comercial, la senadora Isabel Zuleta encendió las alarmas, asegurando que el gran perjudicado de estas primeras aprobaciones es el campesinado colombiano.

Su denuncia, hecha a través de X, se basó en el rechazo de un articulado que buscaba proteger los derechos laborales de los trabajadores agrarios.

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El anuncio de Isabel Zuleta

La senadora Isabel Zuleta, una de las voces más destacadas en la defensa de los derechos del campesinado, expresó su profunda decepción tras la jornada de discusión en el Senado.

“Con tristeza le anunciamos al campesinado colombiano que no logramos que el Senado entendiera la importancia de proteger sus derechos”, escribió Zuleta en su cuenta de X.

La congresista lamentó que la proposición para un articulado específico que buscaba garantizar los derechos laborales de los trabajadores agrarios no prosperara; por lo que aseguró que “nada de los derechos laborales de los trabajadores agrarios se resolvió” y concluyó con una crítica directa: “Lamentable cómo protegen la agroindustria”.

Un vistazo a lo que se buscaba para el campo

Junto a su publicación, la senadora Zuleta compartió varias imágenes en las que se detallaron las propuestas legislativas que se esperaba que fueran aprobadas y que, al final, no lo fueron.

Estas imágenes muestran una propuesta de la senadora Ana Carolina Espitia Jerez, junto con otros senadores, para modificar el artículo 40 del Proyecto de Ley 311 de 2024. Este proyecto de ley busca reformar las normas laborales para el trabajo decente y digno en el sector agropecuario.

La propuesta original consistía en adicionar un párrafo nuevo al artículo 40, estableciendo que “en el primer año de vigencia de esta ley, el estado formulará una política pública de apoyo al trabajo agropecuario”.

Esta política tendría como fin “apoyar, acompañar y proteger a las unidades productivas nacionales dedicadas a la actividad agropecuaria, en áreas de que sus trabajadores puedan disfrutar de todos los derechos y garantías plasmados en la constitución y las leyes, atendiendo las particularidades de este sector”.

También se especificaba que “la condición de trabajador agropecuario no es excluyente con su reconocimiento como persona indígena o campesina”.

El párrafo clave que, según Zuleta, no fue aprobado, establecía un plazo perentorio: “Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el Gobierno nacional, a través del Ministerio del Trabajo, presentará al Congreso de la República un proyecto de ley que regule los contratos agropecuarios y el jornal agropecuario. Este proyecto de ley deberá ser resultado de un proceso de consulta y diálogo con todos los sectores agropecuarios del país, incluyendo la agroindustria, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas del sector”.

Esta adición, propuesta por la senadora Ana Carolina Espitia Jerez, buscaba garantizar una regulación específica y concertada para el sector.

La propuesta integral de las senadoras del Pacto Histórico

Una segunda imagen compartida por Zuleta, firmada por Aída Avella Esquivel, Catalina del Socorro Pérez Pérez, Esmeralda Hernández Silva e Isabel Cristina Zuleta López, todas senadoras del Pacto Histórico, detallaba más aspectos de la propuesta para el trabajo agropecuario.

Entre estos puntos se incluía la creación de una “póliza especial global exclusiva para el sector agropecuario” por parte de los Administradores de Riesgos Laborales.

Además, se buscaba regular la cotización mínima diaria al Sistema de Protección Social Integral para la Vejez en los casos de remuneración mediante jornal agropecuario, asegurando que se hiciera en proporción a la remuneración total percibida por el trabajador; también, se establecía que el Gobierno nacional reglamentaría lo dispuesto en este artículo dentro del año siguiente a la publicación de la ley.

La defensa de derechos fundamentales

Una tercera imagen mostraba una proposición dirigida al senador Efraín Cepeda, presidente del Senado, que buscaba sustituir completamente el artículo 40 de la ponencia mayoritaria del Proyecto de Ley.

Esta propuesta definía de manera más precisa el “contrato de trabajo agropecuario” como aquel en el que una persona presta servicios de manera subordinada en actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y de transformación primaria.

Se reconocía, por lo tanto, que estas actividades podían ser transitorias, estacionales, continuas o discontinuas, y prestadas para uno o varios empleadores.

Un punto crucial de esta proposición era la intención de establecer que “si las actividades realizadas por este contrato se mantienen por más de 27 semanas continuas para el mismo empleador, se entenderá que el contrato es a término indefinido”.

Además, se buscaba regular la remuneración mediante “jornal agropecuario”, asegurando que incluyera el pago correspondiente a la jornada diaria ordinaria y el valor proporcional de todas las prestaciones sociales y beneficios legales, y que “en ningún caso podrá ser inferior al salario mínimo diario legal vigente”.