Ni la Bienestarina se salvó, encapuchados asaltaron equipo del Icbf durante su jornada en La Guajira

El compromiso de un grupo de profesionales que llevaba atención social a una comunidad indígena en el sur de La Guajira terminó abruptamente el viernes 6 de junio, cuando hombres armados interceptaron y asaltaron al equipo en plena vía rural del municipio de Barrancas. El ataque no dejó personas heridas, pero sí generó temor entre quienes, desde el Estado, trabajan directamente con población vulnerable.

La situación se registró alrededor de las 2:30 p. m., mientras integrantes de las Unidades Móviles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) se dirigían hacia el resguardo indígena Cerrodeo. El vehículo institucional en el que se desplazaban fue detenido por encapuchados que, tras amenazarlos, se llevaron no solo el carro oficial, también material de trabajo, documentación sensible y provisiones destinadas a las familias.

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Entre lo robado se encuentran mochilas, celulares, dinero en efectivo, termos y una cantidad aún no precisada de Bienestarina, en sus presentaciones líquida y en polvo, que sería entregada como parte de los programas de nutrición infantil. También sustrajeron historias familiares, documentos utilizados para el seguimiento de casos y la coordinación de ayudas.

Desde el Icbf, la reacción fue inmediata. A través de un comunicado, la entidad expresó su preocupación por lo ocurrido y advirtió sobre los efectos que este tipo de hechos tiene sobre la atención a la infancia en zonas donde, con frecuencia, el acceso institucional ya es limitado. “Es inaceptable que quienes trabajan por la niñez sean víctimas de violencia y agresiones que interrumpen la labor misional del Estado”, señaló el instituto.

El ataque no solo interrumpió una jornada comunitaria. Puso sobre la mesa, nuevamente, los riesgos que enfrentan los trabajadores sociales, psicólogos, nutricionistas y demás integrantes de equipos de atención que operan en regiones con presencia de actores armados y economías ilegales. Para muchos de ellos, la ruta hacia una comunidad puede implicar horas de desplazamiento por caminos sin vigilancia, sin garantías mínimas de seguridad.

El Icbf pidió una investigación urgente para identificar y judicializar a los responsables del asalto, al tiempo que exigió garantías concretas para sus equipos de trabajo en campo. “La entidad mantiene toda la disposición institucional para continuar llegando con atención integral a los territorios, especialmente a aquellos donde la niñez y adolescencia se encuentra en mayor situación de riesgo”, reafirmaron.

Este tipo de agresiones no solo ponen en riesgo la integridad del personal, también comprometen la continuidad de procesos comunitarios que requieren presencia constante del Estado para sostener avances en materia de nutrición, salud, protección y bienestar infantil. Como advirtió el propio instituto, estas acciones “afectan directamente la garantía de los derechos de la infancia, al obstaculizar los procesos de atención y protección que se brindan a las comunidades más vulnerables”. Mientras tanto, las familias del resguardo Cerrodeo siguen esperando el apoyo prometido. El camino de regreso del Estado a ese territorio deberá, una vez más, sortear no solo la distancia, sino el miedo.

El asalto a los funcionarios del Icbf revela mucho más que una falla de seguridad, expone la fragilidad del tejido institucional en territorios donde la presencia del Estado es intermitente y, muchas veces, simbólica. Cuando equipos que garantizan derechos básicos como la nutrición, la salud y la protección infantil son blanco de grupos armados, se erosiona la confianza de las comunidades en el Estado y se retrasa la construcción de redes de apoyo social duraderas.

Además, la pérdida de documentación y suministros compromete procesos clave de atención que requieren continuidad y seguimiento. Este tipo de hechos también tiene un efecto desmotivador sobre el personal en campo, que asume riesgos reales sin certezas de respaldo estatal. Más allá de la violencia puntual, lo ocurrido tensiona aún más la relación entre las instituciones y las poblaciones históricamente abandonadas, abriendo espacio para que actores ilegales sigan ocupando vacíos de autoridad.