La Procuraduría exige evitar retrasos en los pagos de subsidios de energía y gas: podría generar sanciones legales

La Procuraduría General de la Nación instó a que no se repitan los retrasos en los pagos de los subsidios de energía y gas en 2025, enfatizando la necesidad de implementar soluciones estructurales y mejorar la focalización de estos beneficios.

Esta recomendación se alinea con las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República en su informe sobre los subsidios otorgados entre 2014 y 2024. El objetivo es garantizar la sostenibilidad financiera y la continuidad de estos servicios esenciales.

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Durante la Mesa de Diálogo sobre sostenibilidad financiera, cobertura, calidad y continuidad del servicio de energía eléctrica y gas domiciliario, la Procuraduría destacó los avances logrados por el Gobierno en el giro de los subsidios a estos sectores. Sin embargo, el organismo subrayó que continuará vigilando de cerca la situación de la empresa AIR-E y el estado general del sector energético en el país.

El Ministerio Público intervino en una acción de cumplimiento que buscaba gestionar el pago de subsidios por un monto aproximado de $2,5 billones, los cuales habían enfrentado retrasos hasta hace pocos días. De acuerdo con el organismo, el reciente anuncio del ministro de Minas y Energía sobre la regularización de estos pagos representa un avance significativo para la estabilidad financiera del sector. Este paso es crucial para garantizar la continuidad en la prestación de servicios de energía y gas, considerados esenciales para la población.

En su intervención, la Procuraduría también hizo un llamado a reforzar la transparencia en el proceso de pago de los subsidios. Propuso la implementación de un tablero de control que permita a la ciudadanía acceder a información en tiempo real sobre los saldos adeudados y las etapas del proceso. Este mecanismo busca fortalecer la confianza pública y asegurar una gestión más eficiente de los recursos destinados a los subsidios.

Además, la Procuraduría solicitó al Ministerios de Minas y Energía así como al Ministerio de Hacienda y Crédito Público tomar medidas preventivas para evitar que los retrasos en los pagos de subsidios se repitan en el futuro. En caso de que estas situaciones persistan, el organismo no descartó la posibilidad de iniciar procesos disciplinarios relacionados con la deuda pública, lo que podría tener implicaciones legales para los responsables.

La Contraloría, en su informe, ya había señalado la necesidad de una mejor focalización de los subsidios, sugiriendo que estos se dirijan de manera más efectiva a las poblaciones que realmente los necesitan. Este enfoque busca optimizar el uso de los recursos públicos y garantizar que los beneficios lleguen a los sectores más vulnerables de la sociedad.

En otro frente, la deuda acumulada por subsidios de energía y gas en Colombia, correspondiente a los estratos 1, 2 y 3, ha alcanzado los $2 billones entre enero y mayo de 2025, según informó Andesco. De este total, $1,5 billones corresponden al sector eléctrico y $500.000 millones al sector del gas, generando preocupación en gremios y entidades de control debido a sus efectos sobre la sostenibilidad del sistema energético nacional.

Durante una reunión técnica convocada por la Contraloría y otras autoridades, se discutieron los efectos de esta deuda y las limitaciones financieras de las empresas, que actúan como intermediarias al cubrir los subsidios a la espera del reembolso gubernamental.

Camilo Sánchez, presidente de Andesco, advirtió que el uso de recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2025 para saldar deudas de 2024 creó un déficit, marginando a empresas como Air-e y poniendo en riesgo la estabilidad financiera del sector. Existe la posibilidad de que esta problemática se intensifique hacia octubre.

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, destacó la falta de respaldo presupuestal para los subsidios del primer trimestre de 2025, y propuso un cronograma de pagos con plazos definidos para evitar una crisis estructural. Advirtió que la continuidad del suministro de servicios podría peligrar, con eventuales racionamientos o apagones, si no se define un plan claro.