En la mañana del jueves 12 de junio de 2025, inició la audiencia de imputación de cargos contra la exconsejera presidencial para las regiones Sandra Liliana Ortiz Nova.
La Fiscalía General de la Nación presentará el escrito de acusación por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público, por su presunta implicación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La audiencia se efectuó ante el juzgado octavo especializado de Bogotá, donde el ente acusatorio cerrara definitivamente cualquier posibilidad de negociación, descartando tanto el principio de oportunidad como un preacuerdo con la exfuncionaria.
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Incluso, en medio de la diligencia, los delegados de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, la Contraloría General de la República y la Unidad Nacional de Protección (UNP) solicitaron ser reconocidas como víctimas en el proceso.
Por un lado, la defensa de la Ungrd sostuvo que Sandra Ortiz habría ejercido presiones indebidas en contra del entonces director de la entidad, Olmedo López.
“Se entiende que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo habría sufrido, por cuanto la actitud de la señora Sandra Liliana Ortiz, un detrimento patrimonial de 4.000 millones de pesos, pero que su intención final era causar un detrimento patrimonial en contra de la entidad representada por un total de 60.000 millones de pesos que por factores externos este no logró concretarse”, señaló el representante legal de la Ungrd.
Entre tanto, la UNP recordó que en 2023, uno de los vehículos asignados por la entidad para la seguridad de la exfuncionaria habría sido utilizado para el presunto traslado de dineros.
“La Unidad Nacional de Protección pueda mencionar que la buena fe desplegada por la entidad se ha visto lacerada. Es de indicar que tanto el vehículo de placas JVV973, los hombres de protección y los demás elementos asignados al esquema de protección, su uso se deriva única y exclusivamente para la salvaguarda de la vida y la integridad de la beneficiaria, cumpliendo de esta forma no solamente la misión y la visión institucional, pero no jamás para la realización de conductas que bien podrían revestir las características de delito”, indicó Claudia Maritza Mora Niño, abogada de la UNP.
El caso, que ha generado controversia y atención mediática, se centra en la presunta participación de Ortiz en el desvío de millonarios contratos de la Ungrd, recursos que originalmente estaban destinados a atender la crisis humanitaria en el departamento de La Guajira.
Investigación contra Sandra Ortiz
De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, Sandra Lilian Ortiz Nova, que se desempeñaba como consejera presidencial para las regiones, habría actuado como intermediaria en el pago de sobornos a congresistas, entre ellos el senador Iván Name Vásquez, que fue presidente del Senado entre 2023 y 2024.
Según el ente acusatorio, en octubre de 2023, la exfuncionaria recibió 3.000 millones de pesos de los exdirectivos de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla, hoy procesados por la justicia. Esta suma habría sido transportada y entregada a Name como parte de un esquema de coimas.
El documento judicial también involucra al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Carlos Ramón González, ya que, según la investigación, habría dado instrucciones para la entrega de contratos por un valor total de 60.000 millones de pesos a favor de Iván Name y más de 10.000 millones de pesos a favor de Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes.
“Debido a la premura con que los congresistas mencionados exigían los recursos, durante septiembre (2023) González y López variaron la oferta ofrecida a Name a una suma en efectivo de 3.000 millones de pesos, y a Calle de 1.000 millones, dinero que sería obtenido de la contratación de la Ungrd, que Olmedo López entregaría”, según detalló la fiscal María Cristina Patiño en una audiencia judicial de noviembre de 2024.
En el mismo escrito, la Fiscalía describe que González habría instruido a Sandra Ortiz para organizar un desayuno con Iván Name y Olmedo López, con el objetivo de consolidar la relación entre los involucrados y asegurar el acuerdo de los contratos.
Por estos hechos, en múltiples ocasiones, Sandra Ortiz se ha declarado inocente, por lo que había solicitado un principio de oportunidad con la Fiscalía para colaborar con la justicia, hecho que fue negado por el ente acusatorio, al considerar que la información aportada era confusa y carecía de sustento probatorio.
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