Ángela María Buitrago, exministra de Justicia que salió recientemente del Gobierno de Gustavo Petro, analizó la propuesta del Ejecutivo para convocar una asamblea nacional constituyente en caso de que tumben el decreto de la consulta popular.
En declaraciones a Blu Radio, Buitrago advirtió que la convocatoria de una Constituyente solo puede realizarse si se sigue al pie de la letra el procedimiento previsto en la Carta Magna de 1991. Además, explicó por qué resulta inconveniente, y más, en estos momentos de coyuntura nacional.
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Primero, los tiempos no dan, ya lo había dicho el ministro Eduardo Montealegre en una intervención anterior, y segundo, el convocar en estos momentos de crispación en el territorio nacional una constituyente, con la violencia que está presente en los territorios, no sabemos hacia donde termine tampoco”, afirmó en la entrevista.
En su opinión, cualquier iniciativa de este tipo debe pasar por el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, cuya función sería promover una ley que consulte a la ciudadanía.
“El procedimiento (convocar una constituyente) también está reglado. Y esto nos lleva a afirmar, desde lo jurídico, tanto el Senado como la Cámara de Representantes deberían aprobar una ley para consultarle a la ciudadanía sobre estos elementos (...)”, afirmó.
A pesar de que reconoce que la consulta popular es un instrumento clave dentro de la democracia colombiana, la exministra enfatizó que este mecanismo tampoco puede aplicarse sin la intervención del Congreso.
“Yo soy partidaria de la consulta popular como mecanismo democrático, yo soy partidaria de la consulta popular como un elemento necesario dentro de una democracia, pero la Constitución regula en su articulado cómo debe ser una consulta popular, y esto obliga a que haya una aceptación del Congreso de la República (...) Aquí hay un establecimiento de poderes muy importante”, resaltó.
La exfuncionaria del Gobierno Petro respaldó esta postura citando la opinión del designado ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y consideró que alterar el procedimiento constitucional equivaldría a una “herejía constitucional”, pues pondría en riesgo la estabilidad jurídica del país.
Para Buitrago, las condiciones actuales de polarización y violencia restan viabilidad política y social a una asamblea constituyente. “Creo que aquí están haciendo un globo de discusión que no corresponde a la realidad del país”, detalló.
Criticó que el Gobierno plantee públicamente este debate, asegurando que el verdadero reto es dar respuesta a problemáticas reales y urgentes.
“No podemos estar en modo extorsión todo el tiempo, ni en un modo chantaje. Creo que con la claridad suficiente debo decir que si el Congreso, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, considera que algo no es o se da un voto negativo, no podemos estar mirando qué es lo que podemos realizar de manera aleatoria, sino qué es lo que le interesa al país resolver”, anotó al medio citado.
También advirtió que los funcionarios que promuevan consultas fuera del marco legal podrían enfrentarse a cargos de prevaricato. Buitrago subrayó que todo funcionario está obligado a ceñirse a la Constitución y recordó que gobernar implica respetar sin desvíos las instituciones.
A su juicio, la legitimidad democrática se protege cumpliendo las normas. Cualquier desviación en este proceso podría tener consecuencias legales y políticas.
“(...) Está trastocando dos cosas importantes. Una, es que la consulta popular, debidamente tramitada, pueda generar la posibilidad de autorizar al presidente de la República para un decreto en donde con ese número de votantes pueda ser parte de, y otra lo que está pasando en Colombia, técnicamente la consulta popular no pasó con un acto administrativo (...) No me puedo pasar por la faja los mecanismos establecidos regularmente de manera permanente frente a una herejía, porque es una puesta jurídica que tiene un grado de imposibilidad dentro de las reglas constitucionales”, puntualizó en la entrevista.
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