Un grupo de 109 migrantes de diversas nacionalidades fue trasladado por mar desde el puerto de Colón hasta la población de La Miel, en la frontera entre Panamá y Colombia, como parte de un operativo de retorno hacia Suramérica.
Este movimiento responde al endurecimiento de las políticas migratorias implementadas por la Administración de Donald Trump, que frustraron los planes de estas personas de asentarse en Estados Unidos, según informó el Servicio Nacional de Migración (SNM) de Panamá.
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El traslado, realizado en una embarcación del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), incluyó a 75 adultos y 34 menores de nueve nacionalidades distintas.
Según el comunicado oficial, esta acción forma parte del “operativo de flujo inverso”, un esfuerzo interinstitucional que busca garantizar una migración segura y humanitaria.
Una fuente anónima, citada por EFE, explicó que muchos de estos migrantes optaron por el flujo inverso tras llegar al Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem) en Costa Rica, donde se coordinó su traslado con las autoridades panameñas.
El recorrido de retorno incluye un trayecto en autobús desde Costa Rica hasta un albergue cercano a la selva del Darién, una región que muchos de estos migrantes ya habían cruzado a pie en su camino hacia el norte.
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Sin embargo, debido a las dificultades del terreno, el regreso por la jungla no es viable, lo que ha llevado a las autoridades a habilitar embarcaciones para facilitar el tránsito hacia Colombia.
Anteriormente, los migrantes solían recurrir a embarcaciones privadas desde el puerto de Miramar, en el Caribe panameño, para llegar a La Miel.
Los costos de estos viajes oscilaban entre 150 y 260 dólares, dependiendo del tipo de embarcación, lo que representaba un obstáculo económico para muchas familias.
En contraste, el uso de las embarcaciones del Senan implica un “aporte mínimo”, según la fuente consultada, lo que ha hecho que esta opción sea más asequible para personas con recursos limitados.
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Entre los migrantes que enfrentan estas dificultades se encuentra Mari Cordero, una venezolana que viaja con su esposo y su hijo de siete años.
Cordero relató a EFE que, aunque les informaron que el viaje en barco era “gratis”, no pudieron abordarlo debido a que solo disponen de 30 dólares, mientras que las embarcaciones privadas hacia Colombia cuestan entre 35 y 45 dólares por persona.
La familia de Cordero lleva casi diez meses en tránsito desde que salió de Venezuela, cruzando la selva del Darién y recorriendo Centroamérica hasta llegar a México, donde fueron secuestrados durante una semana.
Posteriormente, cuando lograron obtener una cita para ingresar legalmente a Estados Unidos, sus planes se vieron frustrados por las restricciones migratorias impuestas por Trump.
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Cordero expresó su frustración por los obstáculos encontrados en su camino de regreso, incluyendo su detención en un centro migratorio en Costa Rica, donde permaneció 15 días.
Aunque existe la posibilidad de acceder a vuelos humanitarios organizados por la ONU u otras entidades, la falta de pasaporte o salvoconducto les impide optar por esta alternativa.
El flujo migratorio inverso, de norte a sur, se ha convertido en el principal movimiento migratorio en Panamá, en contraste con los años anteriores, cuando miles de personas cruzaban diariamente la selva del Darién rumbo a Estados Unidos.
Según datos oficiales, en abril de 2024 apenas 73 migrantes atravesaron la jungla en dirección norte, una cifra significativamente menor en comparación con los 29.259 que lo hicieron en el mismo mes del año anterior, lo que representa una caída del 99.7%. El presidente panameño, José Raúl Mulino, declaró en abril que el Darién estaba prácticamente cerrado como paso migratorio irregular.
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Este cambio drástico en los flujos migratorios refleja el impacto de las políticas restrictivas en Estados Unidos y las medidas adoptadas por los países de tránsito para gestionar la crisis migratoria.
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