Petro enfrentaría consecuencias penales por presunto constreñimiento ilegal a sus ministros; ya radicaron la denuncia

El precandidato del Partido Liberal, Héctor Olimpo Espinosa, presentó una denuncia formal contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, por presuntamente ejercer presión indebida sobre su gabinete ministerial.

Según informó, la acción penal se fundamenta en el artículo 182 del Código Penal colombiano, que sanciona el constreñimiento ilegal, es decir, obligar a una persona a realizar, tolerar u omitir algo en contra de su voluntad. Espinosa argumentó que Petro habría amenazado a sus ministros con la pérdida de sus cargos si no firmaban el decreto presidencial relacionado con la consulta popular.

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El mandatario colombiano habría convocado a su gabinete ministerial el sábado 7 de junio en la Casa de Nariño, con el objetivo de que todos los ministros firmaran el decreto antes de su partida.

Es de precisar que, el documento ya estaría listo para ser presentado al país el 11 de junio. En un mensaje publicado en sus redes sociales, Petro fue enfático al señalar que “Ministro que no firme el decreto presidencial de inmediato se va. El poder presidencial es poder del pueblo”, subrayando su determinación de avanzar con esta medida, que ha generado un fuerte debate sobre la separación de poderes y el respeto al Estado de derecho.

La advertencia generó una ola de reacciones, siendo Espinosa uno de los primeros en pronunciarse públicamente. A través de su cuenta en la red social X, el precandidato liberal expresó que la conducta del presidente podría constituir un acto de constreñimiento ilegal, al presionar a los ministros para que ejecuten actos que, según él, serían indebidos, bajo la amenaza de perder sus cargos.

En su denuncia, dirigida al presidente de la Comisión de Acusaciones, Leonardo Gallego Arroyave, Espinosa afirmó: “Ponemos denuncia contra el presidente Gustavo Petro por constreñimiento ilegal a sus ministros, al presionarlos para que toleren o ejecuten actos indebidos, bajo la amenaza de un daño futuro: la pérdida de su cargo”.

Por su parte, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, presentó una alerta temprana ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, argumentando que la decisión del Ejecutivo constituye una “grave alteración del orden constitucional” y representa una amenaza directa contra el principio de separación de poderes.

Cepeda destacó que este principio está protegido tanto por la Constitución colombiana como por tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Cabe mencionar que, la decisión del Ejecutivo de proceder mediante decreto fue justificada desde la Casa de Nariño bajo el argumento de que el Congreso no resolvió de manera adecuada el recurso presentado por el Gobierno. Esta postura ha sido duramente criticada por sectores de la oposición, que consideran que la actuación del presidente vulnera principios fundamentales del sistema democrático.

La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, expresó su rechazo al ultimátum de Petro, señalando que “el poder del pueblo es el Estado de derecho, su democracia. Lo suyo es el sueño de los tiranos que se creen que representan a ‘todo el pueblo’ y están por encima de todas las instituciones”.

Otros líderes políticos también se pronunciaron en contra de la medida. El senador de la Alianza Verde, Jota Pe Hernández, advirtió sobre posibles implicaciones legales para los ministros que firmen el decreto, mientras que David Luna, también del Centro Democrático, criticó el estilo de liderazgo del presidente, comparándolo con el del fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez.

Finalmente, la Comisión de Acusaciones, encargada de investigar a altos funcionarios del Estado, será la entidad responsable de determinar si las acciones del presidente constituyen una violación a la ley.