Efraín Cepeda, presidente del Senado, pidió a la ONU, la Cidh y la OEA frenar la consulta popular de Gustavo Petro

El presidente del Senado de Colombia, Efraín Cepeda, ha presentado una alerta temprana ante organismos internacionales como la ONU, la OEA y la Cidh, denunciando lo que considera una vulneración a la separación de poderes en el país.

Esta acción responde a la decisión del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular mediante decreto, una medida que, según los denunciantes, contraviene los procedimientos legales establecidos en la Constitución colombiana.

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La alerta, presentada a través de la firma Víctor Mosquera Marín Abogados y la Fundación Derechos y Justicia Asociados, advierte, según conoció Noticias RCN, sobre un posible riesgo crítico para la democracia y una alteración del orden constitucional vigente.

“Ponemos en su conocimiento una situación de grave alteración del orden constitucional en Colombia, derivada del anuncio público del señor Presidente de la República, Gustavo Petro, de convocar una consulta popular nacional mediante decreto, a pesar de que dicha iniciativa fue formal y expresamente rechazada por el Congreso de la República el 14 de mayo de 2025”, se puede leer en el comunicado.

La controversia se centra en el anuncio del presidente Petro de avanzar con la consulta popular, pese a que esta iniciativa fue rechazada formalmente por el Congreso el pasado 14 de mayo.

Según la Constitución de Colombia, cualquier consulta popular debe ser aprobada previamente por el Senado y revisada por la Corte Constitucional, lo que convierte la decisión presidencial en una posible usurpación de funciones legislativas.

En el documento presentado, los denunciantes argumentan que esta acción representa una amenaza al equilibrio de poderes y podría ser interpretada como un intento de concentrar el poder en la figura presidencial.

El documento también detalla una serie de episodios que, según los denunciantes, reflejan un patrón de deslegitimación institucional.

“La conducta anunciada por el Presidente de la República no es un acto aislado de política pública: es un intento deliberado de reconfigurar el orden constitucional mediante mecanismos extrainstitucionales, vulnerando el principio de legalidad y el sistema de representación política”, afirma el documento

Entre ellos, se incluyen acusaciones públicas realizadas por el presidente Petro contra el senador Efraín Cepeda, a quien ha señalado de sabotaje legislativo, corrupción e incluso de intentar un golpe de Estado.

Estas declaraciones, difundidas a través de redes sociales y eventos oficiales, han sido calificadas como actos de intimidación y desprestigio.

En una publicación del 4 de diciembre de 2024 en la red social X (anteriormente Twitter), el presidente Petro afirmó que Cepeda buscaba un golpe de Estado y lo vinculó con sectores económicos, acusándolo de tener motivaciones ilegítimas en su labor parlamentaria.

La denuncia también ha recibido el respaldo de ocho partidos con representación parlamentaria, que emitieron una declaración conjunta rechazando la intención del presidente

Petro de avanzar unilateralmente con la consulta popular. Según estos partidos, la medida constituye una violación a la arquitectura democrática del país y podría interpretarse como una forma de autoritarismo disfrazado de participación ciudadana.

Los firmantes de la declaración subrayaron que cualquier consulta popular debe seguir un procedimiento reglado, que incluye su origen en el Consejo de Ministros, la aprobación del Congreso y la revisión constitucional.

Saltarse estos pasos, aseguraron, no solo representa una usurpación de funciones, sino también una grave amenaza al sistema democrático.

En el documento presentado ante los organismos internacionales, se advierte además sobre el uso de discursos que enfrentan al Congreso con la supuesta “voluntad del pueblo”.

Según los denunciantes, esta narrativa busca debilitar los contrapesos democráticos y consolidar el poder en manos del Ejecutivo. Por ello, solicitaron al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que emita un pronunciamiento preventivo y exhorte públicamente al respeto del orden institucional en Colombia.

También instaron a las autoridades nacionales a actuar con independencia y firmeza para evitar una crisis institucional mayor.

La denuncia presentada por el senador Cepeda y sus representantes legales pone de manifiesto las tensiones políticas que atraviesa Colombia en un momento crítico para su democracia.

Según Noticias RCN, los denunciantes consideran que las acciones del presidente Petro no solo vulneran la separación de poderes, sino que también podrían sentar un precedente peligroso para el futuro del país.

Efraín Cepeda rechaza consulta presidencial sin aprobación del Senado

A medio día del 5 de junio del 2025, el presidente del Congreso de Colombia, Efraín Cepeda, emitió un contundente mensaje dirigido al presidente Gustavo Petro, en el contexto de una denuncia presentada por este último ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La denuncia, según lo informado, se centra en un posible rompimiento del orden constitucional en el país.

De acuerdo con las declaraciones de Cepeda, la consulta en cuestión no fue aprobada por la plenaria del Senado, un paso indispensable según la normativa constitucional colombiana. “No, la consulta la vamos a poner a consideración en la plenaria. Y pues es imposible que lo hagan. Está soñando si cree que puede sacar una consulta por decreto que no cumplió el requisito legal constitucional de ser aprobado por la plenaria del Senado”, afirmó el presidente del Congreso.

El líder legislativo también destacó que el Senado tiene en agenda dos consultas adicionales que serán sometidas a consideración en la plenaria.

Según Cepeda, estas consultas permitirán a los ciudadanos observar la independencia de los poderes públicos en Colombia. Sin embargo, reiteró que la consulta previamente negada no podrá ser implementada mediante un decreto presidencial.

“De manera que no, tenemos dos consultas más en la plenaria del Senado y las vamos a someter a consideración para que los colombianos puedan palpar la independencia de estos poderes públicos, pero esa que se negó no se puede sacar por decreto”, puntualizó.