Con consignas y carteles, las internas de la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá, realizaron una protesta el martes 3 de junio por la noche, exigiendo mejoras en la calidad de los alimentos proporcionados.
Las reclusas denunciaron que reciben comida en mal estado, incluidos pescado, carne y pollo podridos, además de arroz crudo, mientras que también mencionaron haber encontrado “ratas muertas entre las ollas y el arroz”.
La manifestación dejó al descubierto las precarias condiciones alimentarias que enfrentan las internas en este centro penitenciario.
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De acuerdo con la información recopilada por El Tiempo. Una de ellas afirma: “Desde las 5 de la mañana, 7 de la noche trayendo la gente con hambre”, mientras otra señala que las autoridades “hacen lo que se les da la gana, abusan de nosotras”. Otro grupo exhibía carteles con mensajes como “Uspec. Comida digna” y “No pedimos manjares, sino comida en buen estado y variada”.
Las reclusas responsabilizan a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), encargada de garantizar su alimentación, por las condiciones denunciadas.

Según reportaron las reclusas, el deterioro en el servicio de alimentación ha sido un problema constante que no ha sido atendido, a pesar de los reiterados llamados de atención al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y a la Uspec. La situación se agravó al punto de provocar esta huelga, que representa una de las manifestaciones más fuertes en el penal en los últimos tiempos. “Estas mujeres están muertas del hambre” manifestó una interna.
Durante la protesta, el coronel Rolando Ramírez, representante del Inpec, y la directora del penal, Lina Castillo, acudieron al lugar. Ambos, junto a un equipo del comité de derechos humanos, verificaron la situación en los pabellones. A pesar de ello, hasta ahora ni el director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, ni el director de la Uspec, Fidel Ignacio Espitia, han emitido un pronunciamiento oficial en respuesta a las quejas de las internas.

La cárcel El Buen Pastor es una de las principales instituciones penitenciarias del país y cuenta con sectores destinados exclusivamente a mujeres en diferentes situaciones, como pabellones para madres con niños recién nacidos, patios de alta seguridad y zonas para internas sindicadas judiciales. Sin embargo, las condiciones denunciadas por las reclusas reflejan una crisis que podría desencadenar alteraciones más graves en la convivencia dentro del centro penitenciario.
Además de sus críticas sobre la calidad de la comida, las internas expresaron su descontento ante el silencio de las autoridades competentes frente a estos problemas. Una de las manifestantes aseguró que en las ollas donde preparan el arroz se encontraron “la ratonera encima de la comida” y que el personal encargado de la labor no toma medidas contundentes para solucionar estas irregularidades.
El contexto general de esta huelga también pone en evidencia el deficiente mantenimiento de los servicios básicos dentro del penal. Según fuentes consultadas en el penal, las internas redimen sus penas participando en actividades de educación y trabajo, pero denuncian la falta de atención respecto a sus derechos fundamentales, entre ellos, una alimentación adecuada. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han reiterado en diversas ocasiones la importancia de cumplir con los estándares mínimos establecidos para centros penitenciarios.

Esta no es la primera vez que la Uspec enfrenta señalamientos relacionados con la mala administración de los servicios en cárceles del país. La institución, a cargo de garantizar las condiciones de alimentación y salud en los penales, ha sido foco de múltiples críticas a lo largo de su gestión, principalmente por las constantes denuncias de incumplimientos en la calidad y cantidad de los alimentos.
A pesar de la gravedad de las denuncias difundidas a través del video y las declaraciones de las reclusas, todavía no se han tomado medidas concretas ni se ha dado una solución oficial. La huelga evidencia las tensiones que enfrentan las internas en su vida cotidiana y la necesidad de una respuesta inmediata por parte de las autoridades penitenciarias y del gobierno nacional para garantizar el respeto a sus derechos básicos.
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