El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que el Gobierno acional tiene listo un borrador de decreto para convocar a una consulta popular, tras el hundimiento de la iniciativa en el Congreso de la República.
Según explicó el funcionario, el documento definitivo será firmado por el presidente Gustavo Petro a más tardar el 12 de junio, lo que permitiría fijar la fecha de las elecciones entre finales de julio y comienzos de agosto. Este anuncio se da en medio de un intenso debate político y jurídico sobre la legalidad de la medida.
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De acuerdo con Benedetti, el hundimiento de la consulta popular en el Congreso el 14 de mayo no fue un acto democrático, sino el resultado de lo que calificó como un fraude parlamentario. Con base en su versión, el Senado no cumplió con los procedimientos establecidos en la Ley Quinta, que regula el funcionamiento del Congreso, ya que no se leyó una proposición del Gobierno antes de la votación. Esto, según el ministro, implica que el Senado no se pronunció de fondo sobre la iniciativa.
El borrador del decreto será revisado en una reunión con exmagistrados de la Corte Constitucional, entre ellos Eduardo Montealegre y Luis Ernesto Vargas, que analizarán los aspectos jurídicos del documento. Benedetti enfatizó que el debate no gira en torno a si se debe emitir el decreto, sino sobre cómo debe estructurarse para garantizar su validez legal. “El decreto va a ir. Ya hay una columna vertebral, lo único que falta es cómo debe hacerse o cómo se debe argumentar”, afirmó.
El ministro también señaló que el decreto debe estar jurídicamente blindado para evitar conflictos legales posteriores. Aunque aún no se ha definido la fecha exacta de la votación, Benedetti explicó que, según los procedimientos legales, esta debería realizarse tres meses después de la firma del decreto. La consulta popular tiene como objetivo someter a votación una serie de reformas sociales que fueron archivadas por el Congreso, incluyendo temas relacionados con derechos laborales y condiciones de trabajo.
El anuncio generó una fuerte reacción en el ámbito político. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, calificó la intención del Gobierno como un “golpe de Estado” y un “exabrupto” contra el poder legislativo y judicial. En respuesta, Benedetti acusó a Cepeda de haber permitido irregularidades durante la votación en el Congreso y de no garantizar la transparencia del proceso. El ministro aseveró que hubo maniobras políticas para bloquear la iniciativa, incluyendo la ausencia deliberada de congresistas y la dilación de la votación.
Benedetti también defendió la decisión del Gobierno de avanzar con la consulta popular como un mecanismo democrático para superar lo que considera una parálisis legislativa. “El Congreso no se pronunció antes del primero de junio porque hubo fraude. No podemos permitir que este tipo de prácticas obstruyan la voluntad del pueblo”, declaró. Además, aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a explorar múltiples estrategias para garantizar que las reformas sociales propuestas por el presidente Petro sean discutidas y aprobadas.
En paralelo a la consulta popular, el Gobierno continúa impulsando la reforma laboral, que actualmente se encuentra en su último debate en la plenaria del Senado. Esta reforma ha sido objeto de intensos debates, especialmente en lo que respecta a la contratación por horas, los recargos dominicales y los derechos sindicales. Aunque el presidente Petro ha expresado reparos sobre algunos artículos de la reforma, Benedetti aseguró que el Gobierno sigue comprometido con el proyecto, que debe ser aprobado antes del 20 de junio.
El anuncio del borrador del decreto ha desatado un amplio debate entre juristas, académicos y sectores políticos. Mientras algunos consideran que la consulta popular es una herramienta legítima para avanzar en la agenda de reformas del Gobierno, otros cuestionan la legalidad de convocarla por decreto. La exmagistrada Cristina Pardo advirtió que no existe una norma clara que permita esta acción, lo que podría derivar en conflictos legales.
En respuesta a estas críticas, Benedetti subrayó que el Gobierno está trabajando con expertos constitucionalistas para garantizar que el decreto cumpla con todos los requisitos legales. “Queremos que esta consulta se base en argumentos sólidos, tanto sociales como jurídicos”, afirmó. También anticipó que, una vez emitido el decreto, será la Corte Constitucional la encargada de evaluar su legalidad, aunque no descartó que el Consejo de Estado también pueda intervenir en el proceso.
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