“Demande el presupuesto”: Petro ordena a minHacienda acción contra ley por supuestos subsidios a sectores privilegiados

Durante una sesión del Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro pidió al titular de la cartera de Hacienda, Germán Ávila Plazas, que interponga una demanda de inconstitucionalidad contra el actual presupuesto general de la nación, correspondiente a la vigencia 2025.

El mandatario argumentó que el diseño de esta herramienta fiscal favorecería de forma desproporcionada a sectores de altos ingresos.

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Según Petro, la forma como fueron distribuidos los recursos, tras la expedición del decreto de liquidación, constituiría un beneficio indirecto para los grupos económicos con mayor capacidad adquisitiva. A juicio del jefe de Estado, esto contradice el espíritu del Estado Social de Derecho, consagrado en la Constitución Política.

“Tenemos un presupuesto que, a través del decreto de liquidación —que me he dedicado a leer en detalle—, termina siendo una transferencia de recursos públicos hacia los más ricos del país. Eso va en contra de la Constitución y de la institucionalidad del Estado social de derecho. Por eso quiero, ministro de Hacienda, que usted demande por inconstitucional el presupuesto de Colombia”, expresó el presidente durante la reunión de gabinete.

El mandatario añadió que los principios constitucionales prohíben el establecimiento de subsidios en favor de personas o sectores de altos ingresos. Con base en esa interpretación, instó al Ministerio de Hacienda a tomar medidas jurídicas que permitan una revisión del presupuesto ante la Corte Constitucional.

“El presupuesto no puede crear subsidios a los más ricos. Está prohibido por la Constitución”, subrayó Petro durante su intervención.

El llamado del presidente se produce en un contexto de estrechez fiscal. En enero, el Ministerio de Hacienda emitió un decreto con el que se aplazaron 12 billones de pesos del presupuesto general aprobado para 2025. Con esta decisión, el monto disponible quedó en 511 billones de pesos para el presente año, una cifra que aún así enfrenta presiones por el lado del déficit.

Entidades como Fedesarrollo han advertido sobre la necesidad de realizar un ajuste presupuestal más profundo. El centro de estudios estima que, además del aplazamiento ya ejecutado, el Gobierno tendría que aplicar un recorte adicional de 27,6 billones de pesos, equivalente al 1,5 % del Producto Interno Bruto (PIB), con el fin de evitar que el desequilibrio fiscal se amplíe.

Uno de los factores que explican esta advertencia es la incertidumbre sobre los ingresos que se esperan por una mejor gestión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Según Fedesarrollo, aunque el Gobierno calcula que por ese concepto se obtendría un ingreso equivalente al 0,8 % del PIB, hay dudas sobre si esa proyección se cumplirá.

A esto se suma una reducción en las estimaciones de recaudo tributario, que de acuerdo con el mismo análisis, podría representar una disminución de 0,7 % del PIB respecto a lo esperado. La combinación de estos dos elementos impactaría de forma negativa el balance fiscal del país hacia finales de 2025.

En 2024, el déficit fiscal de Colombia cerró en 6,8 % del Producto Interno Bruto, y para el año en curso el Ejecutivo estima que esa cifra podría reducirse hasta el 5,1 %, si se cumplen los ajustes previstos. No obstante, las cifras aún están sujetas a la evolución de los ingresos y al cumplimiento de los compromisos de gasto.

El llamado del presidente Petro a demandar el presupuesto también se da en medio de debates en distintos sectores sobre la estructura del gasto público y la necesidad de revisar las prioridades de inversión del Estado. La solicitud de inconstitucionalidad abre una posible vía para modificar la distribución de recursos si la Corte llegase a pronunciarse en ese sentido.

Hasta el momento, el Ministerio de Hacienda no ha emitido una declaración formal sobre la solicitud del presidente. Se espera que en los próximos días se conozca si la cartera encabezada por Germán Ávila Plazas acudirá a la Corte Constitucional o si optará por otro tipo de respuesta técnica.

Esta no sería la primera vez que el Gobierno Nacional evalúa la legalidad del presupuesto aprobado por el Congreso. En el pasado reciente, otros gobiernos también han considerado acudir a instancias jurídicas para modificar partidas presupuestales, aunque por lo general estas disputas se han resuelto dentro del mismo poder Ejecutivo mediante reformas a través de decretos de adición o aplazamiento.

En el Congreso, algunos legisladores han comenzado a pronunciarse frente al anuncio presidencial, anticipando un posible escenario de controversia entre el Ejecutivo y el Legislativo por el manejo del presupuesto. La decisión de acudir a una demanda ante la Corte Constitucional podría tener repercusiones en la ejecución de los programas financiados por el presupuesto de 2025, dependiendo del alcance que tenga el pronunciamiento del alto tribunal, si este llegara a admitirse.

Por ahora, el Gobierno Nacional continúa ejecutando los recursos autorizados en el marco del decreto vigente, mientras se define si habrá o no acción de inconstitucionalidad ante la Corte.