Decreto sorpresa del Gobierno prende las alarmas: transportadores denuncian “asfixia financiera y cero diálogo”

2025 viene siendo especialmente difícil para los empresarios del transporte de carga en Colombia, que ya acumulaban meses de tensión y preocupación por las posibles implicaciones de la reforma laboral que se discute en el Congreso. A ese panorama, cargado de dudas y advertencias sobre un aumento considerable en los costos operativos, se le suma ahora un nuevo factor que desató inconformidad generalizada en el gremio: un ajuste tributario que muchos consideran desproporcionado y poco dialogado con el sector.

El detonante fue el decreto 572, recientemente expedido por el Gobierno nacional, que modificó las tarifas de retención en la fuente para más de 30 actividades económicas en el país. Uno de los sectores directamente afectados es el del transporte de carga terrestre, el cual ahora deberá asumir un aumento significativo en ese tributo, lo que se traduce en mayor presión financiera para empresas y propietarios independientes.

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Pero, la preocupación no se limita a los porcentajes. Lo que realmente inquieta a los gremios es el momento en que se toma la decisión y el impacto inmediato que tendrá sobre la caja de las empresas. Arnulfo Cuervo Aguilera, presidente de Fedetranscarga, fue enfático al señalar que la medida equivale a “adelantar el recaudo de impuestos correspondientes a 2026″ en un contexto en el que muchas compañías ya operan con márgenes ajustados.

Para el dirigente, el decreto no solo debilita la sostenibilidad financiera del sector, sino que rompe las reglas de juego. “De nuevo la seguridad jurídica queda en entredicho”, afirmó, cuestionando que una decisión de este calibre se haya tomado sin consultar a los actores productivos.

El transporte de carga será uno de los más golpeados, según cifras del gremio, el incremento en la retención es del 218%. A esto se suma una posible alza del 25% en los costos laborales si la reforma laboral entra en vigencia sin modificaciones. En conjunto, estas medidas podrían comprometer la capacidad de pago de nómina, proveedores y obligaciones financieras básicas, afectando el empleo formal y la operación diaria de miles de empresas.

Cuervo también alertó sobre el creciente saldo a favor que muchas compañías acumulan con la Dian. “Seguramente no serán devueltos”, advirtió, recordando que en 2024 la devolución de estos recursos cayó un 23%. Este punto no es menor, pues muchas empresas contaban con esas devoluciones para sostener su flujo de caja.

La crítica de fondo va más allá de una medida puntual. Desde Fedetranscarga cuestionan el criterio técnico que dio origen al decreto. “En 2023 el crecimiento fue de apenas 0,6% y en 2024 de un lánguido 1,7%”, dijo Cuervo. A su juicio, esos datos reflejan una economía débil que no está en condiciones de absorber más cargas fiscales.

El llamado al Gobierno nacional, desde distintos frentes del sector empresarial, es tan firme como urgente, derogar el Decreto 572 y establecer, de manera inmediata, un canal de diálogo real, amplio y sostenido con los sectores productivos que se han visto golpeados por esta decisión. Los empresarios del transporte de carga, especialmente, consideran que no se trata solo de una medida tributaria más, sino de una señal preocupante sobre la forma en que se están tomando decisiones de alto impacto sin procesos de concertación adecuados ni tiempos prudentes para su implementación.

En un momento en que Colombia necesita reactivar su músculo productivo, los gremios insisten en que se requieren medidas que fortalezcan la competitividad, no que la castiguen. El panorama, aseguran, es cada vez más incierto para quienes generan empleo, conectan al país y sostienen buena parte de la economía nacional desde las carreteras.