El FMI respaldó los nuevos impuestos de la ley de rescate del Gobierno de De la Espriella y envió una pulla por “los desafíos fiscales heredados”

El Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó su apoyo a la iniciativa del Gobierno colombiano de llevar al Congreso un paquete fiscal destinado a responder a las presiones sobre las cuentas públicas y apuntalar la sostenibilidad de las finanzas del país.

La portavoz del organismo, Julie Kozack, señaló que la propuesta constituye un avance para atender los desafíos fiscales que recibió la nueva administración y reforzar la estabilidad fiscal de Colombia.

Por medio de X, la alta ejecutiva escribió que “acogemos con agrado la decisión de las autoridades colombianas de presentar un importante paquete fiscal al Congreso”. Además, que “representa un paso significativo hacia el abordaje de los desafíos fiscales heredados por la nueva administración y el fortalecimiento de la sostenibilidad fiscal de Colombia”.

Ante diferentes comentarios que surgieron debido al proyecto de ley, el Ministerio de Hacienda presentó un abecé en el que aclaró que la iniciativa está orientada a estabilizar las finanzas públicas mediante recortes en el gasto estatal, cambios tributarios, medidas de apoyo a la inversión y un nuevo esquema de devolución del impuesto sobre las ventas (IVA) para la población de menores ingresos.

La propuesta busca reducir el gasto público en alrededor de 15%, racionalizar los costos de funcionamiento del Estado, fortalecer el recaudo y revisar beneficios tributarios. El proyecto también contempla mecanismos para la venta y optimización de activos estatales, así como medidas contra la evasión, el contrabando y la dispersión de recursos en fondos y transferencias.

Según las proyecciones oficiales, más de 35 millones de personas podrían registrar mejoras en sus ingresos disponibles, mientras que el 10% de los hogares con mayores ingresos asumiría la mayor parte del esfuerzo tributario asociado a la reforma.

Cambios en el IVA

La iniciativa mantiene la tarifa general del IVA en 19%, pero plantea eliminar, en la mayoría de los casos, la tarifa reducida de 5%. Bienes y servicios que hoy tienen ese tratamiento pasarían a tributar con la tasa general, salvo algunas excepciones definidas en el proyecto.

Entre los productos y servicios que conservarían la exclusión o exención figuran alimentos y bienes básicos de consumo frecuente, como arroz, papa, yuca, pan, arepa, carnes, huevos, granos y agua. También se mantendrían tratamientos especiales para servicios de salud, educación, seguridad social, transporte y servicios públicos.

La propuesta incluye el cobro de IVA a vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables, que actualmente cuentan con una tarifa preferencial. También elimina la exención para importaciones de bajo valor, con el fin de que las compras hechas en plataformas internacionales paguen el impuesto sin importar su monto.

Devolución del IVA para hogares de menores ingresos

A partir del 1 de enero de 2028 entraría en funcionamiento EfectIVA, un mecanismo de devolución del IVA dirigido a personas en pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad económica. El beneficio será individual y se calculará sobre el impuesto efectivamente pagado en compras de bienes y servicios gravados.

Las personas en pobreza extrema y pobreza, junto con el segmento de menores ingresos dentro de la población vulnerable, recibirían una devolución equivalente al 100% del IVA pagado. Para los demás grupos vulnerables, el porcentaje sería de 50%, 40% o 30%, según el nivel de ingreso.

Los pagos se realizarían en períodos de hasta 15 días y tendrían un límite mensual de hasta 5,5 Unidades de Valor Tributario (UVT) por beneficiario. El Departamento Nacional de Planeación, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, definiría los rangos de ingreso y el umbral a partir del cual una persona dejaría de acceder al mecanismo. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) identificaría el IVA pagado mediante la factura electrónica, mientras que Prosperidad Social realizaría la liquidación y los giros.

Menor impuesto de renta para empresas e incentivos a la inversión

El proyecto prevé una reducción gradual de la tarifa general de renta para personas jurídicas. La tasa bajaría de 35% a 33% en 2027 y a 31% desde 2028.

También crea el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (Ruge), dirigido a proyectos de inversión que cumplan determinados montos mínimos y requisitos sectoriales. Las inversiones que inicien su ejecución entre 2027 y 2028 tendrían una tarifa de renta de 20%, sin sobretasas ni puntos adicionales. Para los proyectos que comiencen a partir de 2029, la tarifa sería de 26%.

Recortes y austeridad en el Estado

La reforma plantea reducir en 50% el gasto destinado a contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión durante 2027, frente al año anterior. Desde 2028, este rubro no podría crecer por encima de la variación anual de la inflación.

Para 2028, los gastos de personal de las entidades incluidas en el Presupuesto General de la Nación, con excepción de la fuerza pública, deberían caer 20% en términos nominales. Entre 2029 y 2030, ese gasto podría aumentar hasta 0,5 puntos porcentuales por encima de la inflación proyectada.

El proyecto también limita el crecimiento de las compras estatales de bienes y servicios a la inflación entre 2027 y 2030. A esto se suman restricciones en gastos operativos, como viáticos, publicidad y papelería, además de la revisión de fondos especiales, transferencias y activos estatales.

Cambios para personas naturales

La propuesta baja de 1.090 UVT a 720 UVT el umbral a partir del cual las personas naturales comenzarían a pagar impuesto de renta. Para la porción de la base gravable que supere 720 UVT y no exceda 1.090 UVT, se aplicaría una tarifa marginal de 9%.

A partir de ese nivel, la tabla conservaría tarifas de 19% para ingresos entre 1.090 y 1.700 UVT; 28% para el rango entre 1.700 y 4.100 UVT; y 33% entre 4.100 y 8.670 UVT. Las rentas superiores a 8.670 UVT quedarían sujetas a una tarifa de 39%.

También se reduciría de 790 a 630 UVT el límite anual de la renta exenta equivalente al 25% de los ingresos laborales. El tope global de rentas exentas y deducciones bajaría de 1.340 a 1.180 UVT anuales, aunque se mantendría el límite del 40% del ingreso bruto ajustado. La iniciativa, además, eliminaría la deducción adicional de 72 UVT por dependiente.