El Consejo Gremial Nacional (CGN), que desde 1991 aglutina a los gremios económicos más representativos de Colombia, abarcando sectores como el agropecuario, la construcción, infraestructura, industria, comercio y transporte, también se sumó a la voces de rechazo ante el anuncio del presidente de la República, Gustavo Petro, de convocar por decreto a su consulta popular con la que busca refrendar la reforma laboral que le archivaron en el congreso a mediados de marzo.
La organización calificó la decisión de inconstitucional y contra la institucionalidad del país, así como expresaron una profunda “preocupación” por la determinación del jefe de Estado que comunicó en la noche del martes 3 de junio en una nueva alocución televisada.
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“Este anuncio vulnera y socava la Constitución y la institucionalidad del país, representando una grave vulneración al orden legal y a la independencia de poderes establecida en la Constitución Política. El Ejecutivo no tiene facultades para convocar unilateralmente a una consulta popular que ha sido negada por el Congreso de la República”, señalaron en un comunicado.
Destacaron que la Sección Quinta del Consejo de Estado y el artículo 379 de la Constitución evidencian que las reformas a las leyes estatutarias deben ser tramitadas por el Congreso y no mediante un decreto del Ejecutivo.
“Desde el Consejo Gremial reiteramos que las reformas estructurales deben ser debatidas y aprobadas por los congresistas elegidos por el pueblo. Saltarse este proceso no solo vulnera el equilibrio de poderes, sino que genera inestabilidad jurídica y económica, afectando la confianza de los ciudadanos y de los inversionistas en las instituciones del país”, reiteraron.
Además, el Consejo resalta que las consultas populares requieren del respaldo de al menos el 10% del censo electoral, involucrando a cerca de 5 millones de ciudadanos, lo que implica un costo significativo para el Estado, calculado en aproximadamente 50.000 millones de pesos.
El Consejo también señaló que la reforma laboral en cuestión, actualmente en discusión, tiene implicaciones profundas en los derechos y libertades de los trabajadores y empleadores, por lo que pidieron al mandatario que cumpla con la carta magna que le pide aglutinar y no dividir al país.
“El artículo 188 de la Constitución establece que el Presidente de la República debe simbolizar la unidad nacional y garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos. Utilizar su investidura para presionar al Congreso o deslegitimar a sectores sociales y económicos que disienten de sus propuestas, atenta contra la convivencia democrática y el respeto por la pluralidad de opiniones”, reprocharon.
El llamado a un acuerdo nacional, enfatizaron, era el camino adecuado para construir cambios estructurales, resaltando la importancia de la deliberación legislativa para asegurar un marco normativo justo y equitativo.
Durante la noche del martes, además, los partidos Cambio Radical, Centro Democrático, Liberal, Conservador, Mira, Colombia Justa Libres, de la U y Asi emitieron un comunicado con el que señalaron que si Petro imponía la consulta popular se trataría de un “golpe de Estado”.
En una carta pública, los representantes de estas colectividades rechazaron la pretensión del presidente, señalando que la consulta popular por decreto, al desconocer la decisión del Senado, constituye un acto unilateral e inconstitucional y solicitaron a los órganos de control y a los altos tribunales que revisen la legalidad de la orden presidencial.
También dirigieron llamaron al Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos Giraldo, quien tendría la responsabilidad de liderar y garantizar el proceso de participación ciudadana en caso de que se expida el decreto y le expresaron su confianza para que, en ejercicio de su autonomía e independencia funcional, actuará con pleno respeto por el orden constitucional y democrático, evaluando cuidadosamente la legalidad y legitimidad del acto antes de fijar cualquier calendario electoral.
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