Caso ‘Papá Pitufo’: Petro pidió apoyo al presidente del Gobierno español e interceda ante Portugal para su extradición

La detención de Diego Marín, conocido como ‘Papá Pitufo’, en el norte de Portugal tras huir de España, motivó una gestión diplomática de alto nivel: el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que interceda ante las autoridades portuguesas para lograr la extradición del contrabandista colombo-español.

Marín está acusado de intentar infiltrar la campaña presidencial de Petro en 2022 y enfrenta cargos en Colombia por contrabando, cohecho y pertenencia a una organización criminal.

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Petro expuso en una intervención pública que pidió a Sánchez dialogar con el Gobierno de Portugal a fin de facilitar la entrega de Marín a la justicia colombiana.

El mandatario expresó que Sánchez buscaría ayudar para que Marín responda ante la justicia y revele toda la verdad. No precisó cuándo se realizó la conversación con el presidente español.

Marín fue capturado en diciembre de 2024 en una localidad del norte de Portugal, después de escapar de España. Antes de su detención en Portugal, Marín había sido capturado el 5 de abril de 2024 en Gandía, Comunidad Valenciana, y puesto a disposición de la Audiencia Nacional española, que decretó su libertad bajo medidas cautelares, como la retirada del pasaporte y la obligatoriedad de comparecer ante la justicia cada 15 días, mientras se resolvía la extradición.

En ese periodo, Marín logró fugarse a Portugal, donde finalmente fue localizado y detenido.

Las autoridades colombianas reclaman a Marín por delitos de contrabando a gran escala, lavado de activos y participación en organización criminal.

Petro enfatizó la dimensión de las acciones ilícitas de Marín y mencionó que llegó a estar refugiado en España debido a que había recibido información sobre un posible arresto en Colombia.

La polémica alrededor de Marín escaló luego de la publicación de un reportaje de la revista Cambio en febrero de 2025, que expuso la supuesta infiltración de la campaña presidencial de Petro por parte de ‘Papá Pitufo’.

El informe sostiene que Marín aportó 500 millones de pesos colombianos (alrededor de 121.600 dólares) a la campaña, suma recibida por Xavier Vendrell, empresario y político catalán. No obstante, Petro aseguró que ese dinero fue devuelto posteriormente por orden suya.

El presidente colombiano niega tener vínculos con Marín. Reconoció que se reunió con él solo una vez, en presencia de Vendrell, y señaló que le fue presentado como “empresario del sanandresito” –una expresión en Colombia para comerciantes de productos importados libre de impuestos a través de la isla de San Andrés–. Según Petro, en dicho encuentro, Vendrell recibió un maletín con el dinero aportado por Marín a inicios de 2022.

Petro reiteró que Marín intentó sin éxito infiltrar su campaña utilizando a sus familiares: “Sabemos que el señor Marín intentó, en campaña, infiltrar a través de mis familiares mi campaña y nunca pudo, hasta incluso cuando entró los ‘500 millones famosos’ los hicimos devolver”.

La extradición de Marín se convirtió en un asunto relevante para las justicias de Colombia, España y Portugal, dada la gravedad de las acusaciones. El caso implica cooperación internacional y la intervención de funcionarios de alto rango de los tres países, en un contexto marcado por inquietudes sobre financiación electoral y la infiltración de organizaciones criminales en procesos democráticos.

El caso Marín, alias ‘Papá Pitufo’, ha puesto sobre la mesa la vulnerabilidad de las campañas políticas ante el interés de redes criminales transnacionales. La investigación sobre el origen y destino de los fondos entregados por Marín, así como el rol de intermediarios como Vendrell, sigue su curso en Colombia, mientras en Portugal se aguarda la decisión sobre la extradición.

La gestión de Petro ante Sánchez abre un nuevo capítulo en la cooperación judicial entre Colombia, España y Portugal, y pone de relieve la necesidad de colaboración internacional para combatir el crimen organizado y blindar la transparencia en los procesos democráticos.