Así reaccionó el país político al anuncio de Gustavo Petro de convocar la consulta popular por decreto

La declaración del presidente Gustavo Petro, que anunció el martes 3 de junio que convocará por decreto la consulta popular archivada por el Congreso, generó una tormenta política inmediata. La decisión, presentada en una alocución presidencial, fue justificada por el mandatario con el argumento de que “jamás hubo un concepto favorable en el Senado, hicieron trampa”. El pronunciamiento desató reacciones desde distintos sectores del espectro político.

El jefe de Estado aseguró que la Corte Constitucional será la encargada de decidir si el decreto es válido: “Sé que me va a caer todo y que voy a acelerar todas las amenazas que hay contra mí. El pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político en Colombia, no hay otro dueño”. Con este argumento, el presidente dejó claro que avanzará con la consulta, a pesar de no haber superado el trámite legislativo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El expresidente Álvaro Uribe se pronunció a través de su cuenta en X con un mensaje contundente: “El Petro Santismo y el quiebre Constitucional. Santos le dio un golpe de Estado al Plebiscito y el Gobierno Petro al Congreso.”

El senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, se unió en responder con dureza al anuncio presidencial. En un video publicado en sus redes sociales, acusó al presidente Gustavo Petro de actuar por fuera del marco constitucional y anticipó acciones legales contra la iniciativa.

“Dice Gustavo Petro que sin importar la Constitución y la ley va a expedir el decreto para llamar a la consulta popular”, expresó Uribe, al señalar que dicha consulta ya fue hundida en el Congreso y, por tanto, “sería irregular e ilegal”.

El senador aseguró que desde la oposición se interpondrá una demanda contra el decreto y advirtió que no permitirán lo que considera un abuso de poder: “Lo vamos a enfrentar, lo vamos a detener y lo vamos a derrotar”. En su mensaje, también lanzó una frase con carga política de cara al fin del mandato presidencial: “La pesadilla de este Gobierno se acaba el 7 de agosto del 2026”.

Desde la sociedad civil también llegaron advertencias. La Fundación para el Estado de Derecho (Fede Colombia) expresó su preocupación frente a la decisión del Gobierno de convocar una consulta popular por decreto, sin el visto bueno del Senado. En un comunicado, la organización calificó esta intención como una “fractura institucional que amenaza con desfigurar el régimen constitucional colombiano”.

Según la fundación, el anuncio del presidente Gustavo Petro vulnera tres principios fundamentales del orden democrático, la separación de poderes, la democracia representativa y el principio de legalidad. Para el organismo, el camino elegido por el Ejecutivo desconoce las bases del sistema republicano y representa un precedente riesgoso para la estabilidad institucional del país.

El exministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mauricio Lizcano, también se sumó a las voces críticas frente a la decisión presidencial. A través de un breve mensaje, advirtió sobre los riesgos institucionales que implicaría avanzar con la consulta popular sin el respaldo del Congreso.

“Esta es una línea que Colombia no puede darse el lujo de permitir. Saltarse el Congreso es totalmente inconveniente”, afirmó. Además, recordó que, en última instancia, la autoridad electoral es quien tendrá un rol determinante: “El Registrador tiene la última palabra”, puntualizó, dejando entrever que el proceso aún enfrenta múltiples filtros antes de concretarse.

El exministro y exjefe negociador de paz Juan Camilo Restrepo fue categórico en su crítica a la decisión del presidente Petro. A través de sus redes sociales, calificó el anuncio como un acto de “prevaricato por partida doble”, asegurando que el Gobierno estaría actuando a sabiendas de que su medida es contraria a la ley.

“Prevaricar en buen romance es cuando un funcionario público, conociendo que algo es ilegal, toma sin embargo una medida de política pública (sic)”, explicó Restrepo. En su lectura, al insistir en convocar por decreto una consulta que ya fue negada por el Congreso, el Ejecutivo no solo estaría ignorando la ley, también asumiendo funciones que le corresponden exclusivamente a la justicia.

“El gobierno alega que se incumplieron ciertos procedimientos por el Senado al rechazar la consulta y que, por lo tanto, el rechazo fue nulo. Pero resulta que quien debe decidir si fue legal o no la actuación del Senado son los jueces: no el Gobierno, que ahora resolvió actuar como juez y parte”, advirtió. Para el exministro, lo que se avecina es una grave transgresión institucional: “Un prevaricato por partida doble”.

Horas antes de la alocución, el exfiscal y exmagistrado Eduardo Montealegre —hoy asesor jurídico del Gobierno— había anticipado el anuncio, asegurando que “en la decisión del Senado se incurrió en varios vicios de inconstitucionalidad (…) que hacen inexistente la decisión en el Congreso”. Por tanto, en su lectura, el Presidente estaría habilitado para convocar la consulta directamente por decreto.

Sin embargo, desde el Congreso la respuesta fue contundente. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, rechazó el anuncio con dureza: “Es una ruptura de los poderes públicos. No solo contra el Legislativo, que rechazó legítimamente la consulta, sino también contra el poder judicial, que es el que debe conocer las presuntas irregularidades”. En su intervención, Cepeda calificó la decisión de Petro como un “golpe de Estado”.

La polémica se intensifica mientras se espera la publicación oficial del decreto y la eventual respuesta de la Corte Constitucional. Entretanto, desde la Casa de Nariño se insiste en que el contenido de las preguntas ya está listo, revisado por un equipo de constitucionalistas.