José Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), ordenó el lunes 2 de junio de 2025 la captura de Luz Adriana Camargo, fiscal General de Colombia, e Iván Velásquez, exministro de Defensa y actual embajador del país en el Vaticano.
El organismo judicial de Guatemala le pedirá al Gobierno de Colombia su extradición y solicitará a Interpol expedir circular roja contra Camargo y Velásquez por su trabajo en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
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La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones adoptó la decisión tras una solicitud presentada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), adscrita al Ministerio Público del país centroamericano.
Curruchiche aseguró que la investigación está relacionada con el caso de Odebrecht, y que por eso se les imputa los delitos “asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión”.
Historia detrás de la decisión
En 2014, Iván Velásquez Gómez fue designado como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Durante su gestión, que se prolongó hasta 2019, lideró investigaciones sobre casos de corrupción que tuvieron repercusiones en distintos sectores del país.
Luz Adriana Camargo, actual fiscal General de la Nación, integró la Cicig entre 2014 y 2017 como jefa del Departamento de Investigación y Litigio. En ese cargo, se convirtió en una de las principales colaboradoras de Velásquez. De hecho, el exministro de Defensa fue declarado persona ‘non grata’ por el entonces presidente Jimmy Morales.
Camargo participó en la elaboración de protocolos para investigaciones criminales y prestó apoyo en procesos judiciales por corrupción, entre ellos los que involucraron al expresidente Otto Pérez Molina.
El primer intento de captura contra el embajador de Colombia en el Vaticano se presentó en 2023. En ese año, la ONU comunicó que los funcionarios que hicieron parte de la Cicig, gozan de inmunidad, debido a los acuerdos que se lograron con el organismo.
“Su inmunidad continúa, sin importar que ya no estén en sus cargos”, indicó el portavoz Farhan Haq en ese año.
En ese momento, el presidente Gustavo Petro defendió a Iván Velásquez. “Quienes permiten que la mafia se apodere del Estado solo conducen a la sociedad al genocidio (...) cordura en política significa luchar contra la corrupción”, aseguró el mandatario colombiano.
Según la justicia de Guatemala, Iván Velásquez lideró una supuesta estructura, en donde también está involucrada la fiscal General de Colombia, con la que la constructora Odebrecht salió supuestamente favorecida.
De acuerdo con las explicaciones de Curruchiche, esta supuesta estructura llevó a Guatemala a perder 3.000 millones de quetazles, su moneda local.
“Hay pruebas desde 2017 que vinculan a Velásquez y Camargo con empresarios de Odebrecht”, afirmó el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) a Caracol Radio.
Según explicó, la decisión se sustentó en una investigación que incluyó entre 3.000 y 4.000 elementos probatorios, entre ellos declaraciones y el testimonio de un testigo clave que entregó correos electrónicos fechados en enero de 2017.
Rafael Curruchiche afirmó al citado medio que las pruebas involucran a Velásquez y Camargo, así como a la exfiscal general Thelma Aldana, el exfiscal Juan Francisco Sandoval, entre otros.
“Toda esa relación nos ha permitido solicitar hace aproximadamente dos semanas a una Sala de Apelaciones del ramo penal, la orden de captura por los delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión en contra del señor Iván Velázquez y la señora Luz Adriana Camargo", indicó Curruchiche.
De hecho, Luis Enrique González, jefe de redacción del medio digital República de Guatemala, entregó detalles a Caracol Radio de lo que llevó a la decisión de la justicia de Guatemala, que fue rechazada enfáticamente por el Gobierno del país centroamericano.
Según explicó González, el objetivo de la multinacional brasileña es que “consistía en una carretera de 140 kilómetros, valorada en 400 millones de dólares. Odebrecht recibió 255 millones, pero la obra nunca fue construida”.
De acuerdo con González, algunos analistas y medios en Guatemala interpretan la orden como una posible represalia política presentada bajo la apariencia de una acción judicial. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que cesó sus funciones en 2019, impulsó investigaciones sobre estructuras de corrupción. Sin embargo, sectores que fueron objeto de esas indagaciones habrían recuperado influencia dentro del aparato judicial.
González afirmó que “no hay carretera, el dinero se entregó, el país está endeudado y los responsables están libres”, y señaló que ese es el trasfondo del caso que ahora vincula a Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo con un sistema judicial cuya independencia ha sido puesta en entredicho.
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