Covington & Burling, fundada en 1919 por J. Harry Covington y Edward B. Burling, es una firma de abogados con más de 10 oficinas en América, Europa, Asia y Oriente Medio, incluyendo ciudades como Nueva York, Londres, Bruselas, Beijing y Dubái.
El buffet se especializa en transacciones, litigios, regulación y asuntos de política pública, y representa a instituciones financieras, empresas tecnológicas y gobiernos ante organismos regulatorios.
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Entre sus áreas de experiencia se encuentran las evaluaciones de riesgo, revisiones de cumplimiento del Foreign Corrupt Practices Act (Fcpa) y litigios complejos ante tribunales federales y agencias como la SEC.
Además del caso de Ecopetrol, Covington & Burling ha enfrentado otras controversias. En septiembre de 2024, Steven Nerayoff presentó una demanda contra la firma en Nueva York por 100 millones de dólares, alegando que sus abogados le aconsejaron no entregar pruebas cruciales a la fiscalía durante su juicio, lo que, según él, retrasó la presentación de cargos en su contra.
En febrero de 2025, el presidente Donald Trump revocó las credenciales de seguridad de varios abogados de la firma que trabajaban pro-bono para el fiscal especial Jack Smith, lo que fue criticado por organizaciones de defensa penal como un ataque a la independencia profesional.
Un mes después, un funcionario republicano del Senado emitió un memorando para desalentar la contratación de firmas consideradas “anti-Maga”, entre las que se incluía a Covington & Burling, lo que generó acusaciones de presión política. Covington & Burling, una firma legal global, cuestionada por su rol en investigaciones disciplinarias y regulatorias de Ecopetrol.
Covington & Burling, una firma legal global, cuestionada por su rol en investigaciones disciplinarias y regulatorias de Ecopetrol.
Según informó la junta directiva de la compañía, en febrero de 2025 se firmó un otrosí que incrementó el valor de un contrato previamente establecido con la firma, pasando de 875.000 dólares a 5,8 millones de dólares.
Este aumento se realizó sin la autorización del Comité de Auditoría ni del pleno de la junta, lo que ha generado cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento y el uso de recursos públicos.
El contrato original, firmado el 29 de agosto de 2024, tenía como propósito asesorar a Ecopetrol en políticas y procesos relacionados con las autoridades de Estados Unidos.
Entre las tareas asignadas a Covington & Burling se incluían la recolección y análisis de comunicaciones internas de los funcionarios de la empresa, la evaluación del impacto reputacional de investigaciones disciplinarias y la valoración de riesgos ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).
Estas acciones se desarrollaban en investigaciones sobre posibles vínculos de la compañía con el financiamiento de campañas políticas.
El aumento del monto contractual, que no fue consultado formalmente con la junta directiva, llevó a que en febrero de 2025 se suspendieran las labores de Covington & Burling.
Además, se ordenó una auditoría interna y una investigación administrativa para determinar la legalidad de la firma del otrosí. Según reportó la Procuraduría General de la Nación, se inició una indagación preliminar para establecer si hubo suplantación de autoridad o violaciones al régimen disciplinario de los servidores públicos en este proceso.
El escándalo también ha tenido repercusiones en la estructura directiva de Ecopetrol. El 30 de mayo de 2025, Mónica de Greiff, miembro de la junta directiva, presentó su renuncia irrevocable, argumentando que no fue consultada sobre la ampliación del contrato con Covington & Burling.
Por su parte, el presidente de la junta, Guillermo García Realpe, afirmó que las decisiones futuras dependerán de los resultados de las auditorías y de las investigaciones en curso.
La continuidad de Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol también está en entredicho, mientras que miembros de la junta han cuestionado el papel de la Dirección de Cumplimiento, liderada por Alberto Vergara, en la gestión y firma del otrosí.
El caso de Ecopetrol, apodado en algunos informes como “Operación Casita”, puso en el foco público tanto a la estatal colombiana como a Covington & Burling, mientras las investigaciones avanzan para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
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