En medio del escándalo que sacude a Ecopetrol por la firma de un otrosí de 5,8 millones de dólares con la firma estadounidense Covington & Burling LLP y que habría sido suscrito a espaldas de la Junta Directiva, el gerente de Cumplimiento de la estatal petrolera, Alberto Vergara Monterrosa, se pronunció.
En entrevista con W Radio, el funcionario calificó de falso el contenido del informe de auditoría interna que lo señala y aseguró ser blanco de una ofensiva mediática impulsada por personas interesadas en tomarse la empresa.
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El documento, fechado el 20 de mayo de 2025 y conocido el viernes 30, contiene graves denuncias en contra de Vergara, entre ellas, presunto acoso laboral, uso irregular de herramientas forenses y presiones indebidas bajo el contexto del contrato con Covington.
La auditoría interna señala que el procedimiento de recolección de información liderado por esa firma fue “desmedido”, especialmente porque se ejecutó sin la autorización de la Junta Directiva, aunque se invocó su nombre.
“Como parte de este procedimiento Covington le entregó una comunicación a los entrevistados indicando que en nombre de la Junta Directiva de Ecopetrol debían entregar los dispositivos electrónicos asignados por la compañía (celular y equipo de cómputo) y efectuó una copia masiva de toda la información almacenada, para posterior análisis”, se lee en el informe.
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Vergara negó irregularidades y denunció persecución
Consultado por sobre su papel en este episodio, Alberto Vergara no se refirió en detalle al otrosí, amparándose en cláusulas de confidencialidad. No obstante, afirmó que su conducta se ha ceñido estrictamente a las leyes y normativas internas de la compañía.
El directivo manifestó que no tuvo la posibilidad de controvertir las acusaciones contenidas en la auditoría y cuestionó su veracidad: “Es un ataque mediático de personas que se quieren tomar la compañía”, y rechazó tajantemente que se hubiesen realizado interceptaciones ilegales. Según él, lo que hubo fue una retención de documentos, como lo explicita uno de los memorandos firmados por él mismo.
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Rechazó también los señalamientos de carácter personal incluidos en el informe, específicamente los relacionados con sus subalternas, pues asegura que existen cuatro decisiones judiciales en firme y verificaciones internas que desvirtúan dichas acusaciones.
A pesar de la controversia, afirmó con vehemencia que no le han solicitado la renuncia ni tiene intención de apartarse de su cargo: “Seguiré trabajando por Ecopetrol como lo he venido haciendo en los últimos 25 años”, declaró en W Radio.
La posición oficial de la Junta Directiva de Ecopetrol
El 29 de mayo, la Junta Directiva de Ecopetrol publicó un comunicado en el que aclara los procedimientos relacionados con la firma Covington & Burling LLP. La entidad recordó que, desde 2008, la estatal ha contado con sistemas de control interno y asesoría legal internacional como parte de su obligación de cumplir con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Fcpa) y regulaciones de la Ofac.
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En ese contexto, la junta reconoció que fue ella quien solicitó inicialmente la contratación de Covington para evaluar procesos internos y eventuales riesgos legales con autoridades extranjeras. Sin embargo, fue enfática en señalar que el otrosí firmado —el cual amplió el valor y alcance del contrato— no fue consultado ni con la Junta ni con su Comité de Auditoría.
“En este proceso no participó el Presidente de la compañía”, señala el comunicado, desligando a Ricardo Roa de la toma de decisiones respecto al controvertido otrosí.
Asimismo, la junta indicó que ordenó la suspensión de las actividades desde febrero de 2025 y solicitó una auditoría interna para esclarecer los hechos, con el compromiso de emprender acciones legales y administrativas conforme a los resultados. También reiteró su disposición a colaborar con los organismos de control del país.
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