Cuáles serían las consecuencias si se comprueba que el caso del coronel Dávila fue alterado por investigadores

En uno de los escándalos más importantes que ha afectado al Gobierno Petro, el caso por las chuzadas a Marelbys Meza tomó un nuevo rumbo cuando el 9 de junio de 2023 se registró el aparente suicidio del coronel Óscar Dávila, que iba a ser testigo ante la fiscalía por las presuntas irregularidades que se registraron en la investigación contra la trabajadora de Laura Sarabia.

Cabe recordar que en la noche mencionada, las autoridades llegaron al barrio Nicolás de Federmán después de que fueron notificados de que en un vehículo estaba el cadáver del uniformado, que tenía un impacto de bala en la cabeza y un arma de fuego cerca al cuerpo.

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Siendo un suicidio la hipótesis principal que se planteó en el caso, la fiscalía trazó una línea de tiempo para saber los últimos movimientos de Dávila después de que se retiró de la vivienda de un familiar.

Entre los puntos que se destacan de la investigación se encuentra que el uniformado había despedido a su familia en el aeropuerto El Dorado, y envió una carta al entonces fiscal General de la Nación, para ponerse a disposición en el caso de Marelbys Meza.

Funcionarios serán investigados dos años después

A menos de diez días que se cumplan dos años del hecho, El Colombiano reveló que 11 funcionarios de Medicina Legal serán investigados por acceso irregular a pruebas de la escena del crimen y posterior informe en el que se afirmó que el coronel Dávila se suicidó.

“Un total de 23 funcionarios accedieron al caso, de los cuales solo 12 tenían competencia funcional para hacerlo, mientras que los 11 restantes, incluido un exfuncionario cuyo usuario seguía activo sin justificación, habrían ingresado sin autorización, en algunos casos por simple curiosidad”, es parte del expediente del caso, que fue expuesto por el medio citado.

En medio de la polémica que se ha generado por la investigación, El Tiempo habló con uno de los peritos que habría tenido acceso de manera irregular al caso, y sin revelar su identidad, este aseguró que no se hizo nada indebido, sin aclarar si había sido autorizado por un superior.

“Eso se aclaró como funcionarios públicos y dentro de nuestro manual de funciones estaba establecer cómo íbamos a actuar en ese momento, porque somos peritos y tenemos que revisar los casos. Todos estamos autorizados porque está dentro de nuestras funciones. Si yo llego a mirar un caso, potencialmente, tengo que entrar y ver de qué se trata y luego ver si puedo actuar o no”.

Las posibles consecuencias

En diálogo con Infobae Colombia, el profesor de derecho penal de la Universidad de La Sabana y litigante en materia penal, Edwin Manuel Chaves, explicó qué delito podrían haber cometido los investigadores si alteraron la escena del crimen o aspectos ligados al caso.

“El artículo 454B del código penal criminaliza las conductas de ocultamiento, alteración o destrucción de un elemento material probatorio cuando dichos comportamientos se realizan para evitar que este sea usado como medio cognoscitivo de una investigación penal o como medio de prueba en un juicio. El elemento debe tener necesariamente un alcance probatorio”.

Chaves explicó que en caso de que esto sea comprobado, los peritos podrían llegar a ser condenados a “una pena de cuatro a doce años de prisión”, pero aclaró que el hecho debe ser demostrado de manera contundente por medio de análisis forenses.

“Establecer la ocurrencia de cualquier delito es algo complejo, pero respecto de aquel por el que se me pregunta, la primera actividad consistiría en identificar el elemento y su valor probatorio. Ya establecer si aquel fue cambiado, escondido o deshecho, dependería principalmente de análisis forenses”.