Gobierno Petro será el que decida a partir de ahora a quién se le compra o vende una finca: hay alerta de expropiación

El Gobierno de Gustavo Petro generó un nuevo escándalo. Esta vez, tiene que ver con la propiedad privada, principalmente, si es una finca. Así lo confirmó, por medio de X, el exviceministro de Asuntos Agropecuarios Juan Gonzalo Botero, expresidente de la Asociación de Exportadores de Ganado en pie (Aexgán).

Se trata de la expedición de la circular CIR-2025-000184-4, con la que se notifica a los notarios del país sobre nuevos lineamientos sobre opción privilegiada de compra.

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En el documento, el artículo 2.14.6.4.15, que establece el deber de información para el ejercicio de la opción privilegiada de compra dice que “la Agencia Nacional de Tierras (ANT) o quien haga sus veces, podrá ejercer la opción privilegiada de compra de los predios que sean aptos para la reforma agraria, en virtud de Ios fines de utilidad pública e interés social previstos en el artículo 31 de la Ley 160 de 1994 para los programas de dotación de tierras, en las condiciones esenciales, precio y cosa, establecidas en la promesa de compraventa mientras estas no excedan el avalúo comercial del bien inmueble”.

También, puntualiza que “en este caso, la ANT o quien haga sus veces dentro de los quince días hábiles siguientes a recibir la notificación manifestará al titular del derecho de dominio su interés en dar inicio al procedimiento de compra por oferta voluntaria”.

Y apunta que será la Dirección de Ordenamiento Social del Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural, o quien haga sus veces, de forma anual informará a la Superintendencia de Notariado y Registro los municipios priorizados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como núcleos territoriales para la Reforma Agraria.

Asimismo, que “la ANT, o quien haga sus veces, procederá respecto del alcance y contenido de la UAF aplicable a cada municipio priorizado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural”.

Zarpazo a la propiedad privada

Ante esto, Botero dijo, por medio de X, que es “muy grave”, así como un “zarpazo a la propiedad privada en el país”.

Al respecto, señaló entonces que “la Superintendencia de Notariado y Registro emitió hoy una resolución donde antes de vender una finca se debe informar a la Agencia Nacional de Tierras y esta hará uso de opción de compra preferencial y tiene 15 días para dar respuesta al propietario de la finca”.

Dicha circular aplica, según el documento, para La Guajira, Córdoba y Sucre, departamentos que son ya priorizados, lamentó el exfuncionario. “Este es el primer golpe a la propiedad privada rura. ¿Nos dejaremos meter la expropiación?”, cuestionó Juan Gonzalo Botero.

Gobierno se ‘enloqueció’

Por supuesto, además de Botero, empezaron a verse reacciones en contra de la medida. Por ejemplo, la representante a la Cámara Katherine Miranda, del Partido Alianza Verde, se mostró inconforme y señaló que el Gobierno se enloqueció,

“Se enloqueció este Gobierno. Un propietario de tierras decide cuándo vende y a quién le vende. Esto es un abuso inmenso contra la propiedad privada”, señaló.

Por su parte, el abogado Enrique Herrera Araújo, experto en desarrollo rural, tierras y agro, hizo un análisis profundo de la circular.

Gobierno no genera soluciones, sino problemas

Señaló que este Gobierno, como tantas otras veces, no genera soluciones, sino que crea problemas. Como ejemplos dio el decreto sobre adelantar impuestos del 2026 al 2025, el de retención en la fuente y la resolución de hoy, que son prueba de ello.

Para él, la resolución es impracticable, principalmente, porque la Agencia Nacional de Tierras no tiene la capacidad institucional para dicha tarea. E indicó los siguientes problemas:

• Genera incertidumbre en los negocios jurídicos entre las partes, vendedor y comprador, porque introduce la eventual intromisión de un tercer, la ANT.
• Frena el mercado de tierras y, por ende, la economía rural.
• Demora las transacciones comerciales
• Puede prestarse para el perfilamiento y, por esta vía, a la extorsión, el chantaje y secuestro, si se filtra la información.
• Puede prestarse a la corrupción
• Debe ser ilegal

“En resumen: crea un problema en vez de ser una solución”, finalizó el experto.