Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer el secuestro del niño Lyan Hortúa, de 11 años, que permaneció privado de la libertad durante 18 días tras ser sacado de su casa en el corregimiento de Potrerito, en Jamundí (Valle del Cauca) por presuntos miembros del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.
La liberación del menor, ocurrida el miércoles 21 de mayo, se logró tras una negociación en la que la familia finalmente habría entregado una suma de $300 millones, y no $4.000 millones, como inicialmente lo indicó Semana.
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Asimismo, fuentes oficiales citadas por medios de comunicación negaron que el secuestro estuviera relacionado con una alianza de la mafia vinculada a José Leonardo Hortúa, alias Mascota, padre biológico del menor, y su historial criminal vinculado con Los Rastrojos. Y menos, como presión para el pago de una deuda que tendría Angie Bonilla, madre del niño, al ser supuesta testaferra del grupo delincuencial.
En cambio, la evidencia conocida, que incluiría audios, chats y fotografías, señalaría al frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, bajo el mando de Jairo Moreno, como único responsable intelectual y material del plagio.
La nueva versión indica que hombres armados entraron a la residencia, raptaron al menor y la empleada de oficios varios y, además, robaron una camioneta Toyota Sahara, propiedad del padrastro del niño, administrador de Jorsuar Joyeros.
Según información de El Tiempo, los secuestradores retuvieron el celular de Angie Vanessa Bonilla, madre de Lyan, y lo usaron para enviar una prueba de supervivencia del menor. Inicialmente, a la familia le exigieron $3.000 millones, cifra que declararon imposible de pagar.
Un audio conocido por el medio citado, en manos de las autoridades, recoge las palabras del padrastro: “Vamos a vender el carro rosado (el BMW de la mamá de Lyan) y por favor devuélvanos la camioneta Sahara para poder venderla. A nosotros nos robaron una joyería hace ocho meses. Debemos el carro y la casa es alquilada”.
Investigadores también indagan la hipótesis de que la guerrilla habría emitido tres citaciones previas al padrastro y su esposa, con el secuestro como una estrategia para presionarlos.
Entre tanto, una fuente que pidió anonimato indicó al medio mencionado que “Jesús Antonio se encargó de la liberación del niño que estaba en poder de la guerrilla. No es cierto lo de la tal alianza mafiosa y pronto se sabrá que detrás de la muerte de Jesús Antonio Cuadros hubo otros móviles”.
Durante las negociaciones, el comandante guerrillero se habría comunicado con Jorsuar Suárez, padrastro de Lyan. En la llamada, el delincuente admite que el secuestro fue un “mal procedimiento” producto de una confusión de sus unidades y que estaban organizando la entrega del menor. También exigió que la negociación se realizara sin la presencia de la fuerza pública.
En la conversación, Suárez respondió: “No somos empresarios ni tenemos dinero. Solo somos comerciantes”. Al principio, el secuestro no contemplaba un pago económico, sino la liberación mediante una persona de confianza identificada por el niño. Sin embargo, la familia temía cumplir esta condición por la falta de garantías.
Organizaciones humanitarias como la Cruz Roja, la ONU y la Arquidiócesis de Cali participaron en gestiones para la liberación, sin lograr éxito inmediato. Posteriormente, las disidencias cambiaron de postura y exigieron la millonaria suma para liberar a Lyan, según CW+ Noticias, esta decisión se dio tras el incumplimiento de la familia de mantener en reserva el secuestro.
La situación afectó la salud mental de Angie Bonilla, que fue hospitalizada el 9 de mayo en la Clínica Valle del Lili de Cali por ansiedad y estrés causados por el secuestro, informó el comisionado de Paz, Otty Patiño. Bonilla permaneció internada cinco días.
Finalmente, una allegada a la familia logró negociar en una junta de acción comunal cercana a la zona del campamento guerrillero, lo que facilitó la entrega por los $300 millones.
“El niño no estaba en esa zona. Al parecer lo tenían cerca al mar, en el Naya. Si usted ve el mapa, por Santander de Quilichao y por El Tambo (Cauca), es más fácil llegar a Jamundí”, detalló la fuente en reserva a El Tiempo.
El caso sigue bajo investigación para esclarecer todos los detalles del secuestro y los actores involucrados. Entre tanto, las autoridades, según el medio anteriormente citado, continúan buscando a los padres de Lyan para completar el esclarecimiento de los hechos y avanzar en la judicialización de los responsables.
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