La reciente aprobación en tercer debate de la reforma laboral en la Comisión Cuarta del Senado de Colombia ha generado controversia por los ajustes realizados a los recargos dominicales y festivos.
El proyecto, que inicialmente contemplaba un recargo del 100% para los días domingos y del 75% para festivos, fue modificado para establecer un recargo uniforme del 100% en ambos casos.
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Esta decisión ha sido recibida con preocupación por algunos analistas, quienes advierten sobre posibles impactos en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
Según el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, el resultado del debate fue positivo para el Gobierno porque evitó una “peluqueada” total de la reforma.
Además, destacó la inclusión de elementos clave como la jornada nocturna reconocida desde las 19:00 horas y la eliminación de restricciones en los recargos y manifestó que se ganaron asuntos sustanciales como la jornada laboral hasta las 7 de la noche, los recargos nocturnos, dominicales y festivos sin restricciones.
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Por su parte, la senadora Angélica Lozano, presidenta de la Comisión Cuarta y autora de algunas de las exenciones incluidas en la reforma, celebró el avance del proyecto antes del 30 de mayo, destacando el consenso alcanzado en la discusión.
“Esto es gracias al compromiso de los miembros de esta comisión y a su capacidad de consenso. Le cumplimos al país”, expresó Lozano.
Expertos alertan sobre un posible retroceso en la modificación de recargos por trabajo dominical y festivo tras la aprobación de la reforma laboral
A pesar de las celebraciones, voces expertas del ámbito económico y jurídico expresaron serias preocupaciones sobre las implicaciones de estas decisiones.
Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, dijo a El Colombiano que los cambios representan “un paso adelante y dos atrás” para las mipymes.
Según indicó, la supresión de la exención para estas empresas, en cuanto a los costos asociados a la jornada laboral y los incrementos en recargos dominicales y festivos, podría incentivar el tránsito hacia la informalidad.
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“Es un incentivo para la permanencia o el tránsito hacia la informalidad de estas unidades productivas”, afirmó.
Además de las observaciones de Fedesarrollo, el gerente general de Soluciones Legales, Alexander Grajales, señaló al mismo medio que el ajuste incrementa de manera significativa los costos laborales para las pequeñas y medianas empresas, y lamentó la falta de alternativas que las apoyen en la implementación de estas obligaciones.
Para Grajales, “la estructura actual de muchas pymes no resistiría esta carga sin un programa de acompañamiento, incentivos tributarios o una implementación gradual”. Advirtió, además, que la situación podría derivar en “más informalidad y menor contratación”.
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La preocupación de Grajales se centra en la desigualdad de condiciones entre empresas. En sus palabras, “no se puede aplicar la misma lógica regulatoria a una pequeña empresa que a una multinacional”.
Como propuestas, sugirieron la creación de incentivos fiscales para las empresas que contraten formalmente, la implementación de programas de asistencia técnica gratuita en gestión laboral, y la adopción de regímenes laborales diferenciados según el tamaño empresarial.
Además, la firma recomendó un programa de aplicación por etapas que permita a las mipymes adaptarse gradualmente.
De acuerdo con los expertos, ajustar estas medidas es fundamental para evitar la destrucción de empleos y promover la formalidad en el mercado laboral.
Según Mejía, es vital que en el último debate los senadores reconsideren estos puntos.
“El Senado debe excluir a estas compañías del aumento de costos para protegerlas y garantizar su viabilidad”, explicó el director de Fedesarrollo.
Con esta reforma todavía pendiente de su aprobación final en el Senado, más de cien legisladores tendrán la tarea de definir el destino de una iniciativa que busca transformar el panorama laboral del país.
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La discusión gira ahora en torno a si el proyecto en su forma actual podrá encontrar un equilibrio entre proteger los derechos laborales y no sobrecargar a las mipymes, consideradas el motor productivo de la economía colombiana.
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