Gobernador de Santander explica por qué renovará contrato de helicóptero pese a cuestionamientos por el gasto

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, confirmó la renovación del contrato que le permite utilizar un helicóptero para movilizarse por el departamento y fuera de este cuando se requiera.

La decisión ha sido objeto de debate público luego de que el diputado Danovis Lozano cuestionara los costos asociados a estos desplazamientos aéreos y los considerara como un uso innecesario de recursos del erario.

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Díaz Mateus aseguró que las cifras divulgadas sobre el monto invertido en el contrato no corresponden a la realidad.

“Eso no tiene ningún problema. Son muy mentirosos cuando dicen que gastamos $3.000 millones, gastamos $2.400 millones. Entonces ya cuando no hay rigor, porque no se gastó todo, gastamos con estampillas $2.700 millones, $380 millones retornaron a la Gobernación, o sea, realmente se gastaron $2.400”, señaló.

A esto sumó que, al optar por no contratar con la Unidad Nacional de Protección (UNP), lo que habría costado $1.500 millones, se generó un ahorro que también debe ser tenido en cuenta.

“No hicimos contrato con la UNP, que son $1.500 millones, o sea, realmente gastamos $900 millones. Si ahorramos en combustible casi $200 y pico de millones, entonces $700 millones para poder hacer esto”, explicó el mandatario.

El gobernador defendió el uso del helicóptero como una herramienta clave para cumplir con sus funciones administrativas, argumentando que su empleo permite cubrir más territorio en menor tiempo, lo que resulta en una gestión más eficiente. En palabras del dirigente: “Con estos medios podemos hacer tres municipios en un día. Sin ellos, sería imposible atender toda la agenda de trabajo”.

La justificación se da en un contexto en el que algunas voces desde la Asamblea Departamental han expresado inconformidad con el nivel de gasto. El diputado Lozano, en particular, ha manifestado que estas inversiones representan, en su opinión, un uso inadecuado de dineros públicos que podrían destinarse a otras prioridades.

Como parte de sus señalamientos, Lozano divulgó información sobre varios trayectos realizados por el helicóptero. Según el diputado, vuelos como Bucaramanga – Curití costaron $39 millones; Bucaramanga – Barichara, $18,7 millones; y Bucaramanga – Barrancabermeja, $37,4 millones. Estos datos fueron presentados como parte de su argumento sobre la necesidad de replantear el gasto en este tipo de transporte.

En una declaración adicional, Lozano dijo: “Los recursos públicos son finitos, son pocos y no hay que malgastarlos. ¿Cuántas cámaras de seguridad o equipos para la Policía se podrían comprar con esos recursos?”, sugiriendo que la inversión en movilidad aérea debería ser comparada con otras necesidades urgentes en el departamento.

Por su parte, Díaz Mateus ha mantenido que el uso del helicóptero es una decisión estratégica en función de los compromisos que exige su cargo. Desde la Gobernación también se ha argumentado que las condiciones geográficas del departamento dificultan el acceso a muchos municipios, lo que convierte al transporte aéreo en una opción necesaria para garantizar presencia institucional.

El contrato, que será renovado en los próximos días, se realizó con la empresa Volar Colombia, y ha incluido, según registros, recorridos a distintos puntos del territorio santandereano. La Gobernación ha insistido en que la distribución de los recursos está justificada dentro de los marcos de la administración pública y responde a un plan de acción que prioriza el acompañamiento territorial.

Además de la polémica por el uso del helicóptero, el tema ha abierto un debate más amplio sobre el manejo de los recursos públicos en las administraciones departamentales. Mientras que algunos sectores del departamento consideran que estas decisiones deben analizarse con base en los beneficios administrativos, otros argumentan que es fundamental revisar las prioridades presupuestales.

Hasta el momento, no se han presentado solicitudes formales ante órganos de control para revisar este contrato en particular, aunque algunos sectores ciudadanos han solicitado mayor transparencia en el uso de este tipo de servicios contratados con recursos públicos.

La Gobernación, por su parte, no ha anunciado modificaciones en la política de desplazamientos del mandatario y ha reiterado que los informes de ejecución presupuestal están disponibles para ser consultados por los entes de control o por quienes lo soliciten a través de mecanismos de acceso a la información pública.

Con este panorama, el debate sobre el uso de medios de transporte oficiales para altos funcionarios se mantiene abierto, y seguirá siendo tema de discusión tanto en los escenarios políticos del departamento como en la opinión pública.

La renovación del contrato ya fue confirmada, y el gobernador ha enfatizado que continuará usando este medio de transporte para dar cumplimiento a su agenda institucional en Santander.