David Racero, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, está en el centro de la polémica luego de que el periodista Daniel Coronell revelara audios, donde se denuncia un presunto abuso laboral a sus empleados, presuntas prácticas de clientelismo político e intercambio de favores en dos entidades estatales de alto nivel.
Los audios fueron dados a conocer por el periodista entre el domingo 25 y lunes 26 de mayo de 2025, en su habitual columna de opinión para Los Danieles y su programa Reporte Coronell, de W Radio.
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Sin embargo, David Racero ha enfrentado otras controversias, incluyendo acusaciones de presunto clientelismo en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). Además, ha sido cuestionado por presuntamente emplear a miembros de su unidad de trabajo legislativo (UTL) en un negocio familiar de frutas y verduras, así como por la contratación de dos esposas de sus primos, quienes habrían participado en la campaña a la Gobernación del Cesar de su tío José Luis Mayorca.
Polémicas en torno a David Racero
Clientelismo en el Sena
David Racero, representante a la Cámara, fue denunciado por supuestamente coordinar con el exsenador de la Alianza Verde, Jorge Londoño, la asignación de varios cargos en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) en Valledupar, Cesar.
En una conversación revelada por la revista Cambio, Racero pregunta a Londoño sobre la posibilidad de que el Centro Democrático obtenga puestos en la región, a lo que Londoño responde que se debería reservar una parte para los verdes.
La gestión de esta operación habría estado a cargo de José Luis Mayorca, tío de Racero, quien presuntamente se encargaría de negociar con el director regional del Sena los contratos.
“Tú me dirás en qué subdirección crees viable que los puestos del Centro Democrático nos los den a nosotros en el Cesar, de OPS? (sic)”, le preguntó Racero a Londoño, que respondió: “Claro que sí, pero déjale alguito a los verdes (sic)”, reveló la Revista Cambio.
La Procuraduría informó que investiga la posible asignación de cargos a personas vinculadas políticamente al grupo de Racero, desplazando a funcionarios de otras agrupaciones, así como la participación del director regional, Jorge Eduardo Londoño Ulloa.
Abusos en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL)
David Racero también fue acusado de exigir a una asesora de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) que entregara parte de su salario. Además, habría utilizado a otro colaborador para gestionar un negocio familiar de frutas y verduras y de gestionar cargos en entidades oficiales.
Estas denuncias surgieron tras la publicación de mensajes de WhatsApp que mostrarían al congresista solicitando esos dineros. Racero ha negado cualquier conducta irregular y solicitó a la Corte Suprema de Justicia y a la Procuraduría iniciar investigaciones para aclarar los hechos.
La Procuraduría señaló que, según información divulgada en medios, el representante habría pedido a una de sus asesoras parte de sus ingresos, en referencia a un chat de 2019 divulgado por el periodista Daniel Coronell entre Racero y Estefanía Montoya, exmiembro de su UTL.
Contratación de dos esposas de sus primos
David Racero Mayorca, entonces presidente de la Cámara de Representantes entre 2022 y 2023, habría utilizado recursos públicos para contratar a familiares y aliados políticos en Valledupar, Cesar, según una investigación de La Silla Vacía.
Durante ese periodo, se adjudicaron contratos por más de 250 millones de pesos a personas vinculadas con su círculo cercano, incluyendo a las esposas de dos primos, periodistas locales y amigos de la familia. Algunos de estos beneficiarios participaron activamente en la campaña a la Gobernación del Cesar de su tío, José Luis Mayorca, quien obtuvo 2.229 votos en las elecciones.
Oficialmente, los contratos tenían como objetivo apoyar la presidencia de la Cámara en tareas de divulgación y asesoría sobre reformas en salud y trabajo, así como acompañar las visitas de Racero a Valledupar. Sin embargo, la documentación que sustenta estos trabajos consiste en fotografías de eventos y correos electrónicos, mientras la curul de Racero corresponde a Bogotá.
Entre los contratistas ligados a Racero están dos esposas de sus primos de Valledupar. Elena Esther Paredes, fisioterapeuta, recibió un contrato de 36 millones de pesos para realizar pedagogía sobre la reforma a la salud. Posteriormente, fue vinculada al Consejo Nacional Electoral (CNE) en el despacho de una magistrada afín al Pacto Histórico. Ángela María Araujo, abogada y esposa de otro primo, recibió pagos por asesorías jurídicas relacionadas con contratos en la presidencia de la Cámara.
Otros contratistas también tuvieron vínculos directos con la campaña política del tío de Racero. La radióloga Diana Patricia Arrieta, contratada para tareas de apoyo y pedagogía, participó en la recolección de firmas para avalar la candidatura de Mayorca y acompañó actos públicos de la campaña.
La psicóloga Liliam María Torres, con contratos por 50 millones de pesos, fue candidata a la Asamblea del Cesar por Fuerza de la Paz, partido que apoyó a Mayorca, y aportó recursos económicos a la campaña.
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