El congresista David Racero, expresidente de la Cámara de Representantes y figura destacada del oficialismo, ha sido señalado recientemente por presuntas incongruencias entre su discurso político y sus acciones fuera del escenario público. Según lo expuesto por el periodista Daniel Coronell en una de sus columnas, Racero estaría incurriendo en prácticas que contradicen directamente las banderas que ha defendido como parlamentario, especialmente en materia laboral y ética pública.
Uno de los principales señalamientos apunta a un posible conflicto entre su postura pública contra la corrupción y el presunto uso indebido de recursos oficiales. Según la columna, un integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo, cuyo salario proviene del erario, estaría desempeñando funciones en un negocio privado de propiedad del congresista, específicamente un minimercado de frutas y verduras.
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Según se conoció a través de Los Danieles, hay un audio de WhatsApp en el que se oye a Racero describiendo la oferta laboral: un millón de pesos al mes, sin prestaciones, de 7 de la mañana a 8 de la noche, un día de descanso a la semana.
Pero, ¿qué debe hacer un trabajador del fruver? Responde Racero: “Ellos son toderos. No sólo caja. También arreglan, hacen pulpa, hacen aseo, lavan baños, lavan pisos , arreglan obviamente la comida, o sea, estar dispuesta para todo, cajera, pero de todo”.
Qué más dice la columna de Coronell
Adicionalmente, se le atribuye participación en una supuesta operación de reparto de cargos y contratos dentro del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), en la que también estarían involucrados su tío y el actual director de esa entidad. La columna plantea que estos acuerdos habrían tenido un componente clientelista, con el propósito de ubicar personas afines sin levantar sospechas entre los trabajadores sindicalizados de la institución.
Lo anterior contrasta con el activismo que el parlamentario ha demostrado en favor de una reforma laboral progresista, que busca reivindicar los derechos de los trabajadores frente a condiciones de precarización, especialmente en sectores informales y de plataformas digitales. En sus intervenciones públicas, Racero ha insistido en la necesidad de fortalecer la seguridad social y garantizar pagos justos por trabajo en horarios especiales o días festivos, una postura que ha sido ampliamente divulgada en redes sociales y actos masivos.
Ya ha habido críticas por parte de opositores al Gobierno. Así lo hizo, a través de X, el concejal Daniel Briceño.
“Este es el adalid de los derechos de los asalariados. Racero, quien además posa de amigo de las organizaciones sindicales, en sus componendas con el director del Sena, Jorge Londoño, recibe la advertencia de no hacer ruido para que no se den cuenta los trabajadores agrupados en Sindesena (...) Por algunas de sus conductas ya conocidas, y otras que están por conocerse, David Racero tendrá que responder penalmente ante la Corte Suprema de Justicia y disciplinariamente ante la Procuraduría”, señala el periodista.
La presunta contradicción entre estas posiciones y su comportamiento como empleador privado ha generado cuestionamientos sobre la coherencia de su liderazgo político. La columna también menciona que algunos de estos hechos ya estarían siendo objeto de procesos ante instancias judiciales y disciplinarias, lo que podría comprometer aún más la situación del congresista.
Por ahora, no se conoce una respuesta oficial de Racero a las revelaciones hechas por el periodista, pero el caso ha comenzado a generar reacciones tanto en medios como en sectores del Congreso, especialmente por el contraste entre el relato público de lucha por el cambio y las prácticas privadas que se le atribuyen.
La situación plantea interrogantes sobre los límites entre lo ético y lo legal en el ejercicio de la política, así como sobre la consistencia que deben tener quienes ocupan cargos de representación popular. También deja en el aire el impacto que estas denuncias puedan tener en la credibilidad de figuras que se han presentado como abanderadas del cambio en Colombia.
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