
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) advirtió a través de un comunicado del 24 de mayo de 2025 que los recursos actuales no son suficientes para atender la magnitud de las emergencias provocadas por la temporada de lluvias, que ya ha dejado estragos en 408 municipios de 27 departamentos.
Hasta la fecha, se han reportado 845 eventos asociados a movimientos en masa, inundaciones, vendavales y crecientes súbitas, afectando a más de 57.000 familias en todo el país.
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El director general de la entidad, Carlos Carrillo, fue enfático en señalar que la capacidad de respuesta está llegando a su límite: “Pese a las restricciones presupuestales, la entidad sigue operando con los recursos disponibles, pero si seguimos a este ritmo la plata se va a acabar. Estamos a la espera de los 1,9 billones de pesos para responder desde diferentes sectores al desastre nacional por variabilidad climática declarado el año pasado”.
Hasta ahora, la Ungrd confirmó que ha destinado cerca de $20.000 millones de pesos en atención inmediata, priorizando la asistencia humanitaria y el despliegue de maquinaria amarilla en las regiones más afectadas.
Los departamentos de Huila, Antioquia, Cundinamarca, Caldas, Tolima y Valle del Cauca encabezan la lista de emergencias.
El comunicado de la entidad confirmó que la respuesta institucional ha incluido entregas masivas de ayudas humanitarias.
En Medellín, por ejemplo, se distribuyeron kits de aseo, colchonetas y frazadas a 380 familias. En Sucre, más de 9.500 familias en Majagual, Caimito y San Marcos han recibido atención. Simití, Pinillos y Montecristo (Bolívar), así como municipios de Boyacá, Magdalena, Córdoba y Meta también han recibido apoyo con alimentos, elementos de cocina y kits de aseo.
En paralelo, se han desplegado más de 13.000 horas de maquinaria amarilla en regiones críticas del Chocó, mientras que en Bolívar se han ejecutado 8.700 horas de operación en zonas como La Mojana y Montes de María.
Solicitan investigar a la fiscal general por caso de corrupción en la Ungrd
La Red de Veedurías de Colombia, liderada por Pablo Bustos, pidió a la Corte Suprema de Justicia que investigue el papel de la fiscal general Luz Adriana Camargo en el caso de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Según informó La Silla Vacía, la petición se centra en la negativa de la Fiscalía a otorgar el principio de oportunidad a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, que actualmente enfrenta un proceso judicial por su presunta implicación en este escándalo.

Bustos actúa como defensor de las víctimas en este caso y exigió que las fiscales involucradas certifiquen bajo juramento si Camargo tuvo alguna influencia en la decisión de rechazar el principio de oportunidad para Ortiz.
Además, la solicitud incluye la necesidad de esclarecer el estado de otros principios de oportunidad que están siendo negociados en el marco de este proceso judicial.
Según consignó el medio, esta acción busca garantizar transparencia en el manejo del caso y determinar si ha habido irregularidades en las decisiones adoptadas por la Fiscalía.
El defensor de las víctimas también expresó su preocupación por la falta de consulta previa por parte de la Fiscalía antes de tomar la decisión de negar el principio de oportunidad a Ortiz.

Según declaraciones recogidas por Blu Radio y Semana, Bustos cuestiona la imparcialidad de la fiscal Camargo, señalando que su actitud podría estar obstaculizando el avance del caso.
En sus palabras, “la actitud de la fiscal general al no aceptar el principio de oportunidad de Sandra Ortiz, sumado a su inactividad para impulsar procesalmente el caso contra Carlos Ramón González, refleja un claro interés en evitar que se conozca la verdad”.
El principio de oportunidad es una figura jurídica que permite a los procesados colaborar con la justicia a cambio de beneficios legales, como la reducción de penas o la suspensión de procesos.
En este caso, la negativa a otorgar dicho beneficio a Ortiz ha generado controversia, ya que podría limitar la posibilidad de obtener información clave sobre el entramado de corrupción en la Ungrd.
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