La historia detrás del secuestro y la liberación del pequeño Lyan en Jamundí: miles de millones en juego y una deuda con un poderoso narco

El menor Lyan Hortúa fue liberado tras 18 días de cautiverio en Jamundí, el sur del Valle del Cauca, luego de que su familia pagara un rescate de cuatro mil millones de pesos, según aseguran varios familiares al periódico El Tiempo.

La operación de liberación del niño de 11 años fue liderada por el padrastro del niño, Jorsuar Suárez, quien negoció directamente con los captores, presuntamente miembros de las disidencias de la columna ‘Jaime Martínez’.

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El acuerdo se concretó el 21 de mayo en Santander de Quilichao, Cauca, y el menor fue entregado a una prima de la familia, quien actuó como intermediaria.

El secuestro ocurrió el 3 de mayo en el corregimiento de Potrerito, Jamundí, cuando un grupo de aproximadamente diez hombres armados y encapuchados irrumpió violentamente en una vivienda de la Parcelación Reservas del Río Claro.

Según información de Semana, el secuestro de Lyan José Hortúa Bonilla reveló una compleja trama de deudas entre narcotraficantes que podría desencadenar una guerra sin cuartel en la región

Los atacantes rompieron una malla perimetral para ingresar y, tras confundir a la empleada doméstica con la madre del menor, Angie Bonilla, reconocida empresaria del sector joyero, se llevaron al niño junto con la trabajadora, quien fue liberada horas después.

Durante el cautiverio, Lyan fue trasladado inicialmente al corregimiento de Villa Colombia, Jamundí, y luego al norte del Cauca, según las investigaciones.

El padrastro de Lyan relató a El Tiempo que durante el cautiverio lograron realizar dos videollamadas en las que el menor aseguró estar siendo tratado bien, aunque después reveló que pasó entre tres y cuatro días amarrado.

La negociación para la liberación estuvo marcada por tensiones; los captores inicialmente exigieron cinco mil millones de pesos, pero tras varias discusiones la cifra fue reducida a cuatro mil millones.

La ONU participó en las negociaciones, y entre el 10 y el 11 de mayo se estuvo cerca de lograr la liberación, que finalmente se concretó días después. La Policía Nacional, a través del Gaula, acompañó a la familia desde el inicio del caso.

Tras su liberación, Lyan fue trasladado a la Clínica Valle del Lili, en Cali, donde se le realizaron evaluaciones médicas y psicológicas. El parte médico indicó que se encuentra estable, aunque seguirá bajo supervisión multidisciplinaria para su recuperación física y emocional.

Hasta ahora no se han reportado capturas relacionadas con el secuestro, pero las investigaciones continúan. Las primeras indagaciones apuntan a un secuestro extorsivo cuidadosamente planeado, con el objetivo inicial de capturar a la madre del menor, Angie Bonilla.

Jorsuar Suárez expresó su inconformidad por la falta de apoyo inmediato la noche del secuestro, afirmando que “no hubo solidaridad de nadie, ni de Policía”, aunque las autoridades aseguraron que se activaron los protocolos y se brindó acompañamiento desde el día siguiente.

El rapto habría sido ordenado por el capo Diego Rastrojo, quien buscaba saldar cuentas pendientes con la familia del menor.

Fuentes oficiales y organismos de derechos humanos locales e internacionales indicaron que la disidencia Jaime Martínez actuó bajo órdenes directas de Rastrojo, con la intención inicial de capturar al padrastro, Jorsuar Suárez, o a Angie Bonilla, debido a una millonaria deuda que mantenían con el narcotraficante.

Al no encontrar a ninguno, optaron por llevarse al niño, situación que miembros de la estructura criminal calificaron como “un error”.

Las investigaciones continúan y apuntan a que el secuestro fue también un mensaje de advertencia en medio de disputas entre narcotraficantes. La deuda, cuya cifra no ha sido revelada, es lo suficientemente significativa como para potencialmente generar enfrentamientos violentos en la zona.

El caso ha puesto en alerta a las autoridades locales, que enfrentan el reto de contener una posible escalada de violencia, y ha generado preocupación entre organismos de derechos humanos, que advierten sobre el uso de menores como piezas en conflictos entre narcotraficantes. Jamundí, una zona históricamente afectada por grupos armados ilegales, se encuentra en una situación cada vez más