Durante una audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía General de la Nación reveló que Carlos Ramón González, exjefe del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), habría intervenido para evitar la salida de Olmedo López como director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), a pesar de que este último estaba oficialmente suspendido. Según Gabriel Sandoval, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, González habría actuado en el marco de un esquema de corrupción más amplio dentro del Gobierno.
De acuerdo con la Fiscalía, la Contraloría General había ordenado la suspensión de López el 5 de diciembre de 2023, medida que implicaba un mes sin salario. Esta sanción fue ratificada por el presidente Gustavo Petro el 28 de diciembre del mismo año. Sin embargo, López continuó en su cargo gracias a las gestiones de González, quien, según testigos, también habría estado involucrado en pagos ilegales destinados a garantizar apoyo político en el Congreso.
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“El señor González realizó gestiones para que Olmedo López no fuera removido de su cargo, a pesar de la suspensión ordenada por la Contraloría General el 5 de diciembre de 2023”, afirmó el fiscal Gabriel Sandoval, delegado ante la Corte Suprema de Justicia.
El fiscal Sandoval detalló que González no solo protegió a López, sino que también habría facilitado el desvío de recursos públicos. En este contexto, se mencionó una reunión celebrada el 25 de septiembre de 2023 en el Hotel Tequendama, donde, según López, se acordó una coima entre Sandra Ortiz y el senador Iván Name.
La Fiscalía sostuvo que estos pagos estarían vinculados a contratos direccionados desde la Ungrd bajo las órdenes de González, con el objetivo de obtener respaldo para iniciativas legislativas del Gobierno.
“El exdirector del Dapre no solo protegió a López, sino que, según testigos, estuvo al tanto de pagos ilegales para asegurar apoyo político en el Congreso”, indicó el fiscal. En ese sentido, se citó una reunión del 25 de septiembre de 2023 en el Hotel Tequendama, donde, según Olmedo López, “se acordó una coima entre Sandra Ortiz y el senador Iván Name”, señaló.
Uno de los casos más graves señalados por la Fiscalía involucra el desvío de al menos $4.000 millones de un contrato de carrotanques. Estos fondos habrían sido entregados a los congresistas Iván Name y Andrés Calle como parte de los acuerdos ilícitos. La imputación contra González incluye los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos.
Según Migración Colombia, González había salido del país el 2 de noviembre de 2023, pero regresó recientemente para enfrentar los cargos en su contra. Durante la audiencia, que se llevó a cabo de manera virtual, González se declaró inocente y negó las acusaciones, calificándolas como “calumnias sin fundamento”.
La Fiscalía anunció que solicitará una medida de aseguramiento contra González el próximo viernes 6 de junio a las 9:00 de la mañana. Además, se planteó la posibilidad de que el exdirector del Dapre busque beneficios jurídicos mediante un eventual allanamiento o se acoja a un principio de oportunidad.
El fiscal Sandoval calificó el caso de la Ungrd como una de las tramas de corrupción más graves dentro del Ejecutivo. La investigación sigue en curso, y se espera que las próximas audiencias arrojen más detalles sobre el alcance de las irregularidades y los posibles implicados en esta red de corrupción.
Al finalizar la diligencia contra González, el abogado defensor, Iván Cancino, entregó a Infobae Colombia su percepción sobre lo que vendrá en este caso. Y remarcó que están tranquilos frente a la imputación de la que fue objeto su defendido.
“Carlos no aceptó cargos, ya teniendo las afirmaciones de la Fiscalía y algunas de ellas evidencias, refuerza nuestra tranquilidad de salir adelante en este proceso a largo plazo. Esperaremos que se dé la audiencia de medida (de aseguramiento) para hacer pronunciamientos más de fondo”, dijo.
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