Según la congresista de la colectividad oficialista del Pacto Histórico, el lunes 19 de mayo se decidió que se irán a huelga contra la decisión que se tomó en el Senado y que esta se llevará a cabo a finales del mismo mes.
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“Se convocó una gran movilización popular para los días 28 y el 29 de mayo en respuesta al hundimiento de la Consulta Popular [sic]”, anunció en su cuenta oficial de la red social X.
Agregó que aunque podría pensarse que fue impulsada desde el Gobierno, en realidad, el anuncio es fruto de la Cumbre Social, Política y Popular, que se llevó a cabo el pasado 19 de mayo en la Universidad Pedagógica Nacional.
"El cliché mediático de que cualquier cosa que decidan las organizaciones populares en su autonomía es en realidad una convocatoria del gobierno, revela la ignorancia y el desprecio por la autonomía de los movimientos sociales de quien lo dice”, reprochó.
La congresista insistió en que se trataba de un derecho de la ciudadanía, como sostenía el jurista Roberto Gargarella, quien calificó la protesta como el “primer derecho”.
“¡Lo que pone en riesgo nuestra democracia participativa no es que el pueblo ejerza sus derechos constitucionales, sino que la clase política tradicional y el establecimiento empresarial insistan en su sectarismo e intransigencia contra los clamores populares! [sic]”, agregó.
Aparte, en su misma publicación en la red social, la congresista del petrismo cuestionó los señalamientos de que no hubiera razones para que los trabajadores salieran a las calles para reclamar por sus derechos.
“Hay muchas razones para parar, porque esta posibilidad de tener una reforma construida por los trabajadores y trabajadoras no la habíamos tenido en nuestra historia reciente. Lo que habíamos tenido fue la degradación de los derechos conseguidos en las huelgas”, sostuvo.
Agregó que acudirían a la movilización social que convocaron “las centrales Obreras, las organizaciones sociales, indígenas, campesinas populares de jóvenes de estudiantes” y de quienes esperaba que se sumaran a esa gran movilización social, y enfocó su llamado precisamente a ese grupo poblacional.
“Toda la reforma laboral le compete a los jóvenes. Estamos luchando por su presente y por su futuro para dejar de normalizar la precariedad y la violencia en el mundo del trabajo. Así que a ustedes las y los convocamos”, afirmó.
También convocó a las personas que laboran de manera informal, que aseguró que era consecuencia de la precarización de los trabajadores en los últimos años.
“Convocamos a los trabajadores formalizados, pero también a la informalidad que nuevamente es alta, no por la responsabilidad de lo que estamos proponiendo, porque ni siquiera se ha empezado a ejecutar. Es alta por el modelo precarizado y neoliberal que estamos cuestionando a través de nuestras reformas sociales”, concluyó.
Precisamente, el martes el presidente Petro lideró el cabildo en Barranquilla y solicitó que las movilizaciones se desarrollen de manera pacifica si era lo que se había decidido finalmente dentro de la convocatoria que está liderando.
En su discurso, transmitido también por televisión, Petro delegó la dirección de las movilizaciones a esta coordinadora, enfatizando que la consulta popular ya no será tramitada “en frío”. Según sus palabras, esta instancia será la encargada de organizar las acciones que el pueblo colombiano deberá tomar en respuesta a las decisiones del Legislativo. Sin embargo, el presidente subrayó la importancia de que estas manifestaciones se desarrollen en un marco de paz, evitando cualquier tipo de violencia o daño a los bienes públicos.
El caso de Epa Colombia fue utilizado como ejemplo por el mandatario para ilustrar las consecuencias legales que pueden enfrentar quienes participen en actos vandálicos durante las protestas. Barrera Rojas fue condenada por destruir infraestructura pública, un hecho que generó gran controversia en el país. Petro advirtió que situaciones similares no deben repetirse, ya que afectan tanto a los manifestantes como a la sociedad en general.
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