
Luego de un par de meses que tomó la recuperación del Parque Nacional, tras la presencia de comunidades indígenas durante varios meses en Bogotá, este lugar volvió a ser centro de concentración para ellos, mientras avanzan las solicitudes para que el Gobierno nacional dé cumplimiento a sus demandas, muchas de las cuales ya habían sido pactadas en conversaciones anteriores.
Rosmira Campos es una de las voceras de la comunidad Embera explicó a La FM y RCN Radio, algunos de los medios que se encuentran cubriendo la situación en el centro de Bogotá y detalló las principales problemáticas que afrontan para retomar este espacio, a la espera de una respuesta del Estado.
“Nosotros vinimos por necesidad porque el Gobierno está incumpliendo, se está lavando las manos. No hay garantías”.
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Partiendo de las difíciles condiciones de habitabilidad en las que residen en las unidades asignadas en Bogotá, campos subió el tono para expresar su reclamo.
“Ahí como está aguantando muchos olores malucos. A veces viene mucha lluvia y moja a muchos niños, mujeres embarazadas. Y nosotros estamos peleando, luchando, ya llevamos como dos años para la reparación de esa UPI Rioja y no quiso hacer el Gobierno, no quiere reparar” (SIC).

Se refirió también a las respuestas que han recibido por parte de las autoridades, en las que siempre les aseguran que cumplirán, ya sea con las reparaciones de la UPI donde habitan o con la agilización del proceso de retorno a sus respectivos territorios, pero que hasta ahora solo quedan en palabras.
“A veces dicen, ‘Ah, yo voy a cumplir, ah, señora líder, a Leuniba, a Rosmira, voy a cumplir, yo voy por allá’”, explicó la vocera de la comunidad.
En cuanto al proceso de retorno, aseguró que para regresar a sus resguardos no hay garantías. Han intentado regresar, pero se han visto obligados a volver a la capital para exigir respuestas, debido a la falta de apoyo por parte de las autoridades.
“Necesitamos seguridad y garantías, compromisos, viviendas dignas, y allá vivimos lejos, sin carretera, sin energía, sin vivienda, sin salud. Es preocupante para muchos”, añadió.

Comentó que durante todos los años en los que han intentado negociar con las entidades del gobierno han tenido que buscar resguardo en lugares poco adecuados, incluso en las calles, porque no han recibido las ayudas que el Estado entrega, como bonos o kits de alimentos que les permitan una mejor estabilidad. Además, no cuentan con las posibilidades de conseguir un trabajo adecuado:
“Aquí en Bogotá hay muchos programas, bonos, pero no nos dan ni un kit de alimentos, kit de aseo, kit de colchoneta, kit de cobija, nada, absolutamente nada”.
Finalmente, hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría, y al Ministerio del Interior, acompañado de otras entidades, arpa que asuman la responsabilidad que por casi una década han evadido con esta comunidad.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, afirmó que han hecho un esfuerzo multimillonario para atender las necesidades de estas personas. Sin embargo, señaló al Gobierno nacional para que atienda esta emergencia, pues es completamente de su competencia y debe asumir las debidas responsabilidades: “Bogotá no puede seguir pagando por los incumplimientos del Gobierno nacional”.
Dijo que el interés principal de los cientos de indígenas es regresar a sus territorios, lo cual depende en gran parte de las acciones y directrices de las diferentes dependencias. Además, algunos de ellos desean ser reubicados en la ciudad porque no quieren volver a sus lugares de origen.
Finalmente, afirmó que, en trabajo conjunto entre el Distrito y la Unidad para las Víctimas, lograron el retorno de muchos indígenas, pero muchos otros están a la espera de que se realicen los mismos procedimientos con ellos.
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