Fuertes reacciones causó propuesta de consulta popular del Gobierno con preguntas sobre la salud: “¿Pretende nacionalizar toda la industria farmacéutica?"

La nueva radicación de una consulta popular por parte del Gobierno Petro, que incluye cuatro preguntas centradas en temas de salud, ha reavivado la polémica en torno a las propuestas del Ejecutivo para transformar este sector.

Aunque el anuncio representa un nuevo intento por reformar el sistema, varios actores del ámbito técnico, político y económico han expresado preocupaciones sobre el fondo y la forma de esta iniciativa.

Uno de los principales críticos ha sido el exministro de Salud Alejandro Gaviria, quien cuestionó la viabilidad de los planteamientos y alertó sobre los posibles efectos adversos que podría acarrear su implementación.

Según su análisis, el diseño de las preguntas, especialmente la que propone permitir al Estado la producción o compra directa de medicamentos, plantea dudas sobre la capacidad real del aparato estatal para asumir esas funciones sin afectar el suministro y la calidad de los fármacos.

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Además, Gaviria advirtió que la eliminación del papel que actualmente desempeñan las Entidades Promotoras de Salud (EPS) —también incluida en la consulta— retoma las mismas tensiones que han obstaculizado la reforma estructural en el Congreso.

A su juicio, no se han resuelto las inquietudes técnicas respecto a la capacidad institucional del Estado, en particular de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), para asumir el control completo del sistema.

“¿Pretende el Estado nacionalizar toda la industria farmacéutica? ¿Va el Estado a comprar todos los medicamentos necesarios del sistema de salud? ¿Con qué capacidades? ¿Qué institución va a hacerlo?”, dijo Alejandro Gaviria.

A las críticas del exministro se sumaron las del exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, quien también expresó reservas frente al contenido y la motivación política de la consulta.

En su evaluación, el mecanismo propuesto resulta innecesario desde el punto de vista jurídico, ya que muchas de las medidas que se plantean podrían desarrollarse mediante la legislación y normativas vigentes.

Para Restrepo, el problema central no está en la falta de normas, sino en la carencia de una implementación efectiva y de una gestión gubernamental sólida.

Restrepo también manifestó que, al involucrar temas que ya se encuentran regulados o son de competencia directa del Ejecutivo, el uso de una consulta popular podría interpretarse como una estrategia política más que como una necesidad institucional.

Desde su perspectiva, los recursos destinados al proceso podrían emplearse en fortalecer directamente el sistema de salud o la educación.

El sector empresarial también ha expresado reservas. Desde la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) se ha cuestionado la utilidad práctica del mecanismo propuesto.

Para su presidente, Bruce Mac Master, las consultas populares, en lugar de ofrecer soluciones inmediatas, tienden a prolongar los procesos de toma de decisiones, retrasando por meses o incluso años la posibilidad de ejecutar cambios concretos.

En este sentido, la Andi considera que los ajustes estructurales deben tramitarse a través del Congreso, mediante debates legislativos y construcción de consensos, no por mecanismos de participación que no tienen efecto vinculante inmediato.

“Es importante que le digan la verdad a los ciudadanos: las consultas populares no producen soluciones ni decisiones, solo las dilatan hasta por dos años. Las decisiones las toma el Congreso de la República en sus debates y leyes “, concluyó el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.

A pesar de las críticas, el Gobierno mantiene su apuesta por avanzar en este frente a través de un mandato popular, en un contexto en el que las reformas estructurales han encontrado dificultades para avanzar en el Legislativo.

Sin embargo, el debate sobre la idoneidad de la consulta, su pertinencia técnica y sus implicaciones presupuestales sigue abierto y ha generado una creciente preocupación entre expertos y sectores económicos, que ven en esta iniciativa más interrogantes que respuestas claras sobre el futuro del sistema de salud colombiano.

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