La Procuraduría General de la Nación inició una investigación preliminar para esclarecer presuntas irregularidades en contratos de la Armada Nacional de Colombia, relacionados con servicios de salud y saneamiento básico en Bogotá, Valle del Cauca y Guainía.
Según reveló la Caracol Radio, los contratos, que ascienden a un valor aproximado de $4.500 millones, habrían sido adjudicados de manera irregular, beneficiando a ciertos contratistas mediante prácticas corruptas.
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Entre los principales investigados se encuentran el teniente de fragata Miguel Villanueva y la exasesora Nelcy Herrera, que ya fueron enviados a prisión. De acuerdo con el medio citado, ambos son señalados como los principales responsables de un esquema que incluía la manipulación de datos y la exigencia de sobornos a contratistas interesados en obtener contratos con la Armada. La investigación también busca determinar si hay más personas involucradas en este caso.
Uno de los testimonios clave en la investigación proviene de Rafael Urbina, un contratista que declaró ante la Fiscalía haber sido abordado por Nelcy Herrera en múltiples ocasiones. Urbina declaró que Herrera lo convenció de presentar propuestas económicas que luego serían manipuladas para garantizar su adjudicación, siempre y cuando accediera a pagar una comisión.
Sin embargo, Urbina afirmó sentirse traicionado cuando, en un contrato de $216 millones para el mantenimiento de piscinas y tratamiento de agua en la Fuerza Naval del Pacífico, su propuesta fue rechazada en favor de otra empresa, Soluciones Integrales Unión, representada por Flaminio Sánchez. Las Fiscalía señaló que la propuesta ganadora fue apenas $95.000 más económica que la de Urbina, lo que generó sospechas sobre la transparencia del proceso.
El ente investigador también reveló que los sobornos exigidos por los implicados oscilaban entre el 5% y el 10% del valor total de los contratos. En una conversación interceptada, Herrera y Villanueva discutieron sobre los pagos, dejando claro que no aceptaban “limosnas”, es decir, comisiones inferiores al 3%. Estas pruebas han sido fundamentales para sustentar las acusaciones en su contra.
De acuerdo con los documentos oficiales, la Procuraduría ordenó la apertura de una indagación previa por un periodo de seis meses. Durante este tiempo, se buscará verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, identificar a los responsables y determinar si existe algún vínculo laboral o contractual entre los investigados y la Armada Nacional. Además, se solicitó a la Fiscalía General de la Nación información sobre posibles actuaciones penales relacionadas con este caso, incluyendo el número de radicado y la autoridad encargada del proceso.
La resolución emitida por la Procuraduría también contempla la posibilidad de designar una agencia especial dentro del proceso penal, dada la relevancia social de los hechos investigados. Con base en el artículo 208 de la Ley 1952 de 2019, en casos donde exista duda sobre la identificación de los responsables, se procederá con una indagación previa para esclarecer los hechos.
El caso ha generado preocupación debido a la magnitud de los contratos involucrados y la posible existencia de una red de corrupción dentro de la Armada Nacional. Los contratos en cuestión incluían servicios como mantenimiento de instalaciones, tratamiento de agua, suministro de químicos para piscinas, jardinería, fumigaciones y aseo general, todos ellos esenciales para el funcionamiento de la institución.
La investigación continúa en curso, y las autoridades buscan determinar el alcance total de las irregularidades y la posible participación de otros contratistas o funcionarios en este esquema. Según lo informado por Caracol Radio, este caso podría ser solo la punta del iceberg de un problema más amplio de corrupción en los procesos de contratación pública en Colombia.
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