Exministro de Agricultura demandó el plan de integración con la Ruta de la Seda: exige control constitucional

El exministro de Agricultura de Colombia Rubén Darío Lizarralde presentó una demanda ante la Corte Constitucional contra el plan de entendimiento firmado por el presidente Gustavo Petro para integrar al país en la Ruta de la Seda de China, una iniciativa global liderada por el régimen chino que busca mejorar la infraestructura y la conectividad comercial entre los países participantes. Con base en la demanda, este acuerdo podría tener graves implicaciones económicas para Colombia y habría vulnerado procedimientos constitucionales esenciales.

La Ruta de la Seda, que ya cuenta con la adhesión de 140 países, es una plataforma diseñada para fomentar el comercio global mediante el desarrollo de infraestructura y la mejora de las conexiones internacionales. Sin embargo, Lizarralde argumentó que el convenio firmado por el Gobierno colombiano no puede entrar en vigor dentro del marco legal del país hasta que cumpla con los trámites constitucionales necesarios para la ratificación de tratados internacionales.

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En este sentido, el exministro solicitó a la Corte que ordene a la Presidencia de la República y al Ministerio de Relaciones Exteriores, liderado por Laura Sarabia, la publicación del texto completo del acuerdo de cooperación con China.

La demanda presentada por Lizarralde también señala que el acuerdo podría agravar el ya significativo déficit comercial de Colombia, que actualmente supera los $13.500 millones. Con base en los datos disponibles, las exportaciones colombianas alcanzan los 2.377 millones de dólares, mientras que las importaciones ascienden a 15.936 millones.

Además, la canasta exportadora del país está altamente concentrada en productos como petróleo crudo, hullas térmicas y ferroníquel, que en conjunto representan el 71% del total. Este panorama, según expertos citados en el documento, pone en duda la sostenibilidad de una relación comercial basada en productos que el propio presidente Petro ha criticado, como los hidrocarburos.

En su acción legal, Lizarralde subrayó que el control constitucional es fundamental para garantizar la sujeción del poder público al ordenamiento jurídico y para preservar el sistema de pesos y contrapesos del Estado de derecho. De acuerdo con el texto de la demanda, “no puede haber normas jurídicas que escapen al escrutinio constitucional, puesto que la supremacía de la Carta Política exige mecanismos eficaces para excluir del ordenamiento las normas que la contradigan”.

Asimismo, el exministro argumentó que el acuerdo comercial vulneró el artículo de la Constitución que otorga al Congreso la facultad de ratificar los tratados internacionales celebrados por el Gobierno. El plan de entendimiento con China ahora será evaluado por la Corte Constitucional, que ya ha recibido otros proyectos de gran envergadura impulsados por el gobierno de Petro, como la reforma pensional, la emergencia en La Guajira y la conmoción interior en el Catatumbo.

Administraciones anteriores, como las de Iván Duque, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, también fortalecieron los lazos con China, permitiendo la llegada de empresas de este país a territorio nacional. Sin embargo, ninguno de estos gobiernos firmó un memorando de cooperación que implicara la adhesión a la Ruta de la Seda. Según el expresidente Duque, esta decisión fue evitada por considerarla inconveniente para los intereses nacionales.

El posible impacto en la relación con Estados Unidos es uno de los puntos más sensibles. La administración de Petro ya ha tenido tensiones con la Casa Blanca, exacerbadas por declaraciones públicas y diferencias en temas como la lucha contra las drogas. El exministro de Comercio José Manuel Restrepo explicó que este acuerdo debería ser evaluado cuidadosamente por sus implicaciones geopolíticas y económicas, especialmente en un contexto donde Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Colombia.