“El 47% cayó en la pobreza”: lo que dejó la negación del aborto en Colombia antes de su despenalización total

En Colombia, durante los años en los que el aborto estaba permitido solo bajo tres circunstancias específicas, las mujeres a quienes se les negó el procedimiento enfrentaron consecuencias significativas tanto en su salud como en sus condiciones socioeconómicas.

Un estudio elaborado por Juliana Londoño Vélez, docente en la Universidad de California en Los Ángeles, y Estefanía Saravia, candidata a doctorado en la misma institución, revela los efectos a largo plazo de esa negativa.

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El informe, titulado El impacto de la negación de un aborto deseado en las mujeres y sus hijos, fue divulgado a finales de abril por la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, en la Universidad de los Andes.

Este documento analiza el período comprendido entre 2006 y 2022, cuando la interrupción voluntaria del embarazo era legal únicamente si el embarazo era consecuencia de una violación, si el feto tenía malformaciones incompatibles con la vida o si representaba un riesgo para la salud física o mental de la gestante.

Según el análisis, aquellas mujeres a quienes se les negó el procedimiento presentaron una probabilidad 2,6 veces mayor de fallecer en los siguientes nueve meses. “Negar un aborto tiene consecuencias brutales en la mujer, sus hijos y los fondos del Estado”, afirmó Londoño.

Las causas más frecuentes de muerte fueron infecciones y septicemia, lo que sugiere la utilización de prácticas inseguras para intentar interrumpir el embarazo.

Los efectos no se limitaron a la salud. Las investigadoras hallaron que estas mujeres tuvieron un 47% más de probabilidades de caer en pobreza, ya fuera extrema o moderada. Además, experimentaron un 62% más de probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas.

En términos educativos y laborales, las posibilidades de completar el bachillerato descendieron en un 43%, y su participación en el mercado laboral se redujo en un 63%.

Durante el tiempo en que el aborto estaba parcialmente despenalizado, muchas mujeres acudieron a tutelas judiciales para acceder al procedimiento. Solo en Medellín, se interpuso una tutela por cada interrupción voluntaria realizada, de las cuales aproximadamente la mitad fueron negadas. “Fue muy impactante corroborar que la vida de las mujeres depende de si el juez es hombre o mujer”, expresó Londoño.

El estudio encontró que las solicitudes tramitadas por jueces hombres tenían un 20% más de probabilidades de ser rechazadas, cifra que ascendía a 40 puntos porcentuales si el caso estaba relacionado con incesto o violación.

El perfil de las mujeres que presentaron tutelas en busca de acceder al aborto muestra que su edad promedio era de 28 años, el 22% tenía al menos un hijo y el 41% estaba casada. En el 88% de los casos, la solicitud se basaba en el argumento de que el embarazo o el parto representaba un peligro para su vida. Estas solicitudes se hacían, en promedio, en la semana 14 de gestación.

Uno de los hallazgos más destacados del estudio es el impacto de esta negativa sobre la estructura familiar.

“No es solamente que se les esté obligando a ser mamás, es que modifican su vida económica y la estructura de miles de familias... Las están induciendo a ser madres solteras, con todas las cargas para ellas y para sus hijos ya nacidos que eso supone”, explicó Londoño. Las tasas de maternidad en solitario y los divorcios aumentaron un 212% entre las mujeres forzadas a continuar su embarazo.

Este fenómeno también afectó a hijos previos al embarazo no deseado. En los hogares impactados, los ingresos se redujeron en un 20%. Además, se registró una mayor tendencia a que las familias optaran por retirar a los menores del sistema escolar para incorporarlos al trabajo informal, lo que generó altos niveles de deserción y una baja en la continuidad hacia estudios superiores.

El estudio forma parte de una línea de investigaciones que analizan cómo el género del juez influye en decisiones judiciales. “Ahora podemos probar que el aborto se suma a la lista”, indicó Londoño, quien ya había explorado diferencias en casos de violencia de género y acoso laboral.

Aunque actualmente en Colombia el aborto está permitido hasta la semana 24 de gestación sin necesidad de causales específicas, Londoño se pregunta si la presentación de tutelas ha disminuido.

“Probablemente no, pero eso da para otra investigación”, concluyó. A pesar de las dificultades enfrentadas por estas mujeres, una proporción de ellas ha accedido a subsidios del Estado, lo cual “suaviza la caída”, según las investigadoras.