El Juzgado Décimo Penal Municipal con función de conocimiento ordenó el arresto por cinco días del alcalde Jorge Enrique Acevedo Peñaloza y del secretario de Seguridad Ciudadana, Diego Villamizar Salinas, tras declarar el incumplimiento de una sentencia de tutela emitida el 31 de marzo de 2025.
La decisión judicial también impone una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes a cada uno de los sancionados.
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El incidente de desacato fue promovido por el ciudadano José Gregorio Botello Ortega, que solicitó la intervención judicial ante la falta de respuesta a una petición formal de información relacionada con el programa de incorporación de jóvenes al servicio militar, iniciativa anunciada por la alcaldía como parte de su estrategia de seguridad.
De acuerdo con la providencia judicial fechada el 16 de mayo de 2025, la Administración municipal incurrió en un incumplimiento grave al no responder de manera integral y oportuna la solicitud del ciudadano, y al no justificar legalmente su negativa. El fallo señala que la Secretaría de Seguridad “no entregó la información requerida ni justificó legalmente su negativa, y el alcalde omitió ordenar el cumplimiento y el inicio del proceso disciplinario correspondiente”.
El juez Brayan Torres Bayona, a cargo del proceso, fue enfático al señalar que “hubo una actitud deliberada de desobediencia”, lo que llevó a declarar el desacato y ordenar medidas coercitivas contra ambos funcionarios.
“Sanciónese al doctor Jorge Enrique Acevedo Peñaloza (...) en su condición de alcalde municipal de San José de Cúcuta y al doctor Diego Villamizar Salinas (...) en calidad de secretario de Seguridad Ciudadana de Cúcuta, respectivamente, con orden de arresto por cinco (5) días y cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes para el año 2025”, reza la parte resolutiva del fallo.
Una vez ejecutoriada esta decisión, el juzgado indicó que procederá a librar los oficios pertinentes a las autoridades competentes para que se materialice el arresto.
Cabe recordar que en 2024, como parte del Plan de Seguridad de la actual administración, el alcalde Jorge Acevedo presentó una ambiciosa estrategia para vincular a jóvenes cucuteños al servicio militar, en articulación con las fuerzas armadas. La propuesta contemplaba beneficios como un bono económico de $2.000.000, la finalización del bachillerato, obtención de la licencia de conducción, y acceso a formación en vigilancia y escolta.
“Esta es una de las apuestas más importantes de nuestro Plan de Seguridad. Que los jóvenes presten el servicio militar no solo contribuirá en la disminución de los índices de inseguridad, sino que será una experiencia enriquecedora que aportará a su formación personal y les ofrece herramientas para su futuro laboral”, afirmó en su momento el mandatario local.
El juzgado fue claro al indicar que la conducta de los funcionarios no fue producto de un malentendido ni de un error administrativo, sino de una omisión consciente: “se configura un incumplimiento con conciencia plena de que existía una orden judicial”, lo que agrava la situación jurídica del alcalde y su secretario de Seguridad.
Mientras se cumple la orden de arresto, las implicaciones políticas y administrativas de este fallo comienzan a generar inquietud en el entorno local. No solo se trata del impacto mediático que conlleva el arresto de un alcalde en funciones, sino de los efectos que esta decisión podría tener sobre la legitimidad del programa de incorporación juvenil al servicio militar, actualmente bajo la lupa ciudadana.
Por ahora, la remisión del caso a una instancia superior, conforme el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, será determinante para establecer si la sanción se mantiene, se revoca o se modifica. Además, se espera una respuesta oficial por parte de la Alcaldía de Cúcuta, así como posibles acciones jurídicas que intenten frenar la sanción.
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