La seguridad es uno de los factores que más preocupa a los colombianos; sin embargo, eso no ha evitado que en Santander se cuestione al gobernador Juvenal Díaz por el proyecto que sumará un impuesto más para los residentes en el departamento.
Se trata de la “tasa a la seguridad” de Santander, una ordenanza aprobada por la Asamblea Departamental que fue firmada por el gobernador y busca financiar el Fondo Cuenta Territorial de Seguridad con una tarifa recaudada a través de la factura de la energía eléctrica.
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Cabe recordar que será pagada únicamente por los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, además de los suscriptores industriales, comerciales y oficiales en el departamento.
El primero de los pagos se registrará el 1 de septiembre de 2025; sin embargo, a falta de cuatro meses, en varias zonas del departamento han manifestado estar en contra de tener que pagar por mejorar la seguridad de Santander.
Una de las polémicas es que el pago se definirá a través de la unidad de valor tributario, es decir, que, en promedio, la factura de la luz de los santandereanos aumentará en alrededor de $30.000 pesos mensuales.
Ciudadanos que tienen empresas o emprendimientos han pedido que se regule un cobro único por persona, puesto que cada establecimiento comercial, fabrica u oficina deberá pagar el impuesto de manera individual.
Para justificar este cobro, la Gobernación de Santander ha indicado que se requieren tres billones de pesos para cumplir con los programas de seguridad y convivencia que fueron prometidos por Juvenal Díaz en las elecciones regionales.
El dinero mencionado sería invertido para fortalecer las instituciones de seguridad, el desarrollo vial de la región y la remodelación de los escenarios deportivos que requieran cambios estructurales.
En caso de que un usuario se niegue a pagar el impuesto, se ha regulado que esto provocará que se genere un interés moratorio que será liquidado y recaudado por gobernación.
"Los valores recaudados por concepto de la tasa especial para el fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana, por los agentes recaudadores, deben transferirse a la cuenta que establezca el Departamento de Santander, dentro de los primeros diez (10) días calendarios del mes siguiente al mes del recaudo”, es parte de la Ordenanza.
Cabe mencionar que la implementación del impuesto también tiene aspectos obligatorios para la gobernación, que deberá señalar las tarifas a aplicar y especificar el destino de cada uno de los recursos que sean recaudados.
El pago por seguridad será vigente hasta el 31 de diciembre de 2028 y no se podrá prorrogar por más tiempo; además, se espera que antes de septiembre sea resuelta una demanda de nulidad simple en contra del acto administrativo.
En contra del cobro se ha pronunciado el senador santanderano Fabián Díaz, que a través de su cuenta de X afirmó que el dinero en Santander no alcanza porque está siendo “despilfarrado” por el gobernador.
En su publicación, Díaz mencionó un contrato por $3.000 millones para vuelos en helicóptero de Juvenal Díaz, que incrementó el valor de la contratación en los últimos meses y utilizó la aeronave para viajar afuera de Santander, aunque eso estaba estipulado en el documento.
“Clavando impuestos mientras despilfarra $3.000 mil millones en vuelos en helicópteros. En julio de 2024, la Gobernación de Santander firmó un contrato por 2.000 millones de pesos con la Unión Temporal Helicol Volar Santander 2024 para la prestación de servicios de transporte en helicóptero. La Gobernación de Santander hizo los estudios previos solo con cotizaciones de Helicol SAS y Nativ Air SAS, las únicas dos empresas que luego se presentaron a la licitación”.
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