Ángela María Buitrago reafirmó su denuncia sobre las presiones que recibió siendo ministra de Justicia: “Armando es consciente”

La saliente ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, sumió al Gobierno del presidente Gustavo Petro en un nuevo escándalo tras presentar su carta de renuncia al cargo. La exfuncionaria, que será reemplazada por Augusto Alfonso Ocampo Camacho, aseguró que fue presionada en el ejercicio de sus funciones por integrantes del Gobierno.

Se trata del ministro del Interior, Armando Benedetti, y de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez. De acuerdo con su denuncia, ambos intentaron forzarla a cambiar a funcionarios de ciertas entidades y a poner en su lugar a personas que incumplían los requisitos.

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“Fueron unas llamadas que recibí, en las que se me pidió que firmara la salida de un funcionario de la Uspec (Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios), en particular del director. También recibí la petición de cambiar al director de Política de Drogas y enviaron una hoja de vida de una persona que no cumplía con los requisitos para ocupar esa dirección”, detalló Buitrago, en conversación con El Tiempo.

El ministro Benedetti negó las acusaciones en su contra e interpuso una denuncia en contra de la exministra por los delitos de injuria y calumnia. “Ya estoy cansado”, indicó en su cuenta de X.

No obstante, en una rueda de prensa llevada a cabo el 16 de mayo de 2025, la exfuncionaria aseguró que el jefe de la cartera tiene pleno conocimiento de que sus afirmaciones son ciertas. “Yo no me voy a meter en ninguna discusión personal con Armando Benedetti, creo que Armando es consciente de muchas de las cosas que yo he dicho”, dijo.

Buitrago aseguró que ya allegó a las autoridades todo el material probatorio para soportar sus señalamientos, insistiendo en que ellas se encargarán de determinar si las acciones que presuntamente cometieron el jefe de la cartera y la directora del Dapre tienen consecuencias penales y disciplinarias.

“Ya trasladé a las autoridades competentes cada uno de los medios probatorios y obviamente ellos serán los que evalúen si hay algo más de caracterización en términos disciplinarios, en términos penales. Yo simplemente manifiesto hechos ciertos, hechos que ocurrieron, hechos que tienen el minuto a minuto y hechos que en mi criterio no deberían aceptarse porque son injerencias”, precisó la funcionaria.

De acuerdo con sus declaraciones, siendo servidora pública tiene la obligación de reportar cualquier anomalía que identifique en la entidad que lidera y cualquier irregularidad relacionada con el ejercicio de sus funciones. Por eso, acudió a las autoridades tras su renuncia. Además, afirmó que en todo momento, mientras fungió como ministra, hizo saber a quienes la presionaron que no estaba de acuerdo con sus peticiones.

“Esto viene sucediendo en un marco temporal de marzo a aquí. Incluso, a las personas que han sido mis interlocutores, así lo nieguen, me lo pueden negar, están en todo su derecho (…), les he dicho que no estoy de acuerdo con esos procedimientos, que no estoy de acuerdo con sacar a gente que ha sido capaz”, aclaró.

Adicional a las solicitudes de salida de funcionarios, la ex jefa de cartera informó que hubo injerencias relacionadas con actividades propias del Ministerio de Justicia. No obstante, confirmó que no fue una “ministra de papel”, sino una funcionaria que cumplió con sus funciones a cabalidad; no permitió que terceros que no estaban relacionados con la cartera tomaran decisiones en áreas fundamentales del ministerio.

“No es un tema político, es un tema en el que hay que pensar que el Estado no puede estar al vaivén de intereses políticos. Los funcionarios no se miden por el padrino que se tenga, se miden por la capacidad y el conocimiento”, aclaró.