Jorge Eduardo Pérez Bernier, exgobernador de La Guajira, enfrentará nuevo juicio por corrupción en contrato de $5.786 millones

La Fiscalía General de la Nación presentó una nueva acusación formal contra el exgobernador de La Guajira Jorge Eduardo Pérez Bernier, quien ya ha sido condenado anteriormente por hechos de corrupción.

Esta vez enfrentará un juicio por su presunta responsabilidad en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales agravado, relacionado con la ejecución del denominado Plan de Aguas del Departamento.

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Según reveló la revista Semana, los hechos investigados ocurrieron durante su mandato como gobernador, entre 2008 y 2011.

Durante este periodo, la administración de Pérez Bernier gestionó un ambicioso proyecto de acceso al agua para La Guajira, con un presupuesto de aproximadamente 130 millones de dólares.

De esa suma, 90 millones estaban previstos como préstamo del Banco Mundial, mientras que los 40 millones restantes serían cubiertos con recursos públicos.

Sin embargo, el préstamo estaba condicionado a la entrega de dos cartas de aprobación por parte del organismo financiero internacional —una de los pliegos de condiciones y otra de no objeción a la firma del contrato— que nunca llegaron a emitirse en su totalidad.

A pesar de no contar con la segunda carta requerida, Pérez Bernier ordenó seguir adelante con el proyecto, financiándolo con recursos de regalías.

El contrato clave en este proceso, identificado con el número 295, fue firmado el 30 de diciembre de 2010 por un valor de 5.786 millones de pesos. Su objetivo era mejorar tramos del alcantarillado sanitario en el barrio Arriba de Riohacha, capital del departamento.

El ente acusador sostiene que este contrato se celebró sin cumplir con los requisitos legales exigidos por la Ley 80 de 1993, que regula la contratación pública en Colombia.

Según la Fiscalía, aunque los recursos empleados eran públicos, el proceso fue tramitado bajo los parámetros del Banco Mundial, que nunca otorgó la autorización definitiva para respaldar la contratación.

Esta situación, a juicio del organismo, constituye una clara violación de las normas legales colombianas.

Además, la Fiscalía señala que el exgobernador habría omitido su deber de vigilancia y control, permitiendo la celebración de un contrato sin las garantías necesarias y sin los estudios previos exigidos por la ley.

Estos hechos fueron calificados como graves por el ente investigador, que aseguró tener suficientes elementos probatorios para solicitar una condena en su contra.

El caso de Pérez Bernier se suma a una serie de escándalos de corrupción en La Guajira relacionados con el manejo irregular de recursos públicos destinados a atender necesidades básicas de comunidades vulnerables.

Entre ellos se destaca la reciente investigación sobre la compra de carrotanques por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en la que se investigan posibles sobrecostos y el desvío de fondos para el pago de sobornos a expresidentes del Congreso.

Además de esta nueva acusación, Pérez Bernier ya ha sido condenado anteriormente por hechos de corrupción. Según informó la Corte Suprema de Justicia, el exgobernador fue sentenciado a 22 años de prisión por su participación en un caso que resultó en el desfalco de 24.000 millones de pesos colombianos, fondos destinados a la construcción de infraestructura educativa en zonas apartadas del departamento.

La sentencia también incluye una inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 22 años y medio, así como una multa equivalente a 45.341,56 salarios mínimos legales vigentes.

El caso por el que fue condenado se centra en un contrato inicial valorado en 90.000 millones de pesos, adjudicado de manera irregular a la Unión Temporal del Norte (UTN), un consorcio de empresas que no cumplió con los procedimientos legales establecidos.

Este contrato sufrió múltiples adiciones presupuestales y sobrecostos que derivaron en el desfalco de los 24.000 millones de pesos. Además, las obras proyectadas no se completaron en su totalidad, y las que sí se ejecutaron presentaron graves deficiencias.

Según la Corte Suprema, algunas de las construcciones fueron realizadas con materiales inadecuados, comprometiendo la calidad y funcionalidad de la infraestructura educativa.

Pérez Bernier, quien se entregó voluntariamente a las autoridades judiciales en Riohacha para comenzar a cumplir su condena, fue hallado culpable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros agravado.