La representante a la Cámara por el Partido de la U, Saray Robayo Bechara, señaló que el Ejecutivo nacional mantiene un saldo pendiente de $7,6 billones correspondiente a subsidios para empresas de servicios públicos.
Según la congresista, esta situación podría tener efectos significativos en la prestación de energía y gas domiciliario en diversas regiones del país.
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Robayo, quien representa al departamento de Córdoba, aseguró que esta deuda compromete la continuidad de servicios fundamentales, especialmente en zonas vulnerables como la región Caribe.
“El Gobierno habla de transición energética y de energía popular, pero adeuda 7,6 billones en servicios públicos. Esto es muy grave: si no paga, millones de colombianos verán comprometida su vida diaria y sus negocios, porque se quedarán sin gas ni energía. Como siempre, los primeros y más afectados somos la región Caribe”, expresó.
La parlamentaria sostuvo que es necesario prestar atención a las advertencias realizadas recientemente por los entes de control.
Según dijo, tanto la Procuraduría General de la Nación como la Contraloría General han elevado preocupaciones sobre la sostenibilidad financiera del sistema de subsidios que beneficia a millones de usuarios.
En respuesta a estas preocupaciones, ambas entidades instalaron una comisión interinstitucional con el objetivo de encontrar mecanismos que permitan gestionar la deuda de $7,6 billones, monto que se ha acumulado por el retraso en los pagos de los subsidios estatales destinados a cubrir parte del costo de los servicios públicos para estratos bajos.
En ese contexto, Robayo reiteró su preocupación ante los efectos económicos y sociales que podrían derivarse de la falta de pago por parte del Gobierno central.
“La irresponsabilidad del Gobierno con el sector eléctrico y de gas no solo pone en riesgo el servicio, sino que pone en jaque la economía del país y la vida digna de millones de colombianos”, manifestó la congresista, quien pidió atención urgente por parte del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Minas y Energía.
El Partido de la U ha mostrado una postura crítica frente a la política energética del actual Gobierno, especialmente en lo que concierne al cumplimiento de los compromisos fiscales relacionados con la cobertura de subsidios.
Para Robayo, la deuda señalada no solo implica dificultades financieras para las empresas operadoras, sino también una amenaza para los hogares colombianos que dependen de estos apoyos para acceder a servicios básicos.
De acuerdo con información revelada por los entes de control, la deuda acumulada afecta la operatividad de las empresas prestadoras, algunas de las cuales ya han alertado sobre el riesgo de interrumpir el suministro en ciertas zonas si no se recibe pronto el pago de los recursos adeudados.
La situación ha generado inquietudes también en los gremios del sector energético, que han solicitado medidas urgentes para evitar afectaciones mayores.
El llamado de la congresista cordobesa se suma a otras voces del Congreso que han advertido sobre las consecuencias de una gestión presupuestal que, según afirman, ha postergado el cumplimiento de pagos a sectores esenciales.
En regiones como la Costa Caribe, donde el acceso al gas natural y la energía eléctrica depende en gran parte de los subsidios estatales, la incertidumbre ha generado preocupación entre autoridades locales, comunidades y empresarios.
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Mientras se espera una respuesta oficial del Ejecutivo, la comisión instalada por la Contraloría y la Procuraduría continuará su trabajo de seguimiento a los compromisos del Gobierno en esta materia.
Por su parte, la bancada del Partido de la U reiteró que insistirá en exigir al Gobierno el pago de los recursos adeudados, como parte de su deber de control político.
Con estas advertencias, la representante Saray Robayo busca que se actúe con prontitud para evitar que esta situación se traduzca en impactos directos sobre los usuarios y sobre la estabilidad financiera del sistema de servicios públicos en Colombia.
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