En la mañana del martes 13 de mayo de 2025, el partido Alianza Verde anunció la suspensión de Iván Name y Sandra Ortíz por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd).
En un comunicado, la colectividad política señala que esta decisión se adoptó en medio de un proceso disciplinario interno y en respuesta a las medidas judiciales adoptadas recientemente, que incluyen la detención de los implicados por orden de la Corte Suprema de Justicia.
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“Los militantes Iván Name Vásquez y Sandra Ortiz Nova han sido suspendidos de manera inmediata en el ejercicio de sus derechos estatutarios como integrantes de esta colectividad”, se lee en el comunicado.
Además, el partido político enfatizó que dichos comportamientos no comprometen los valores y principios inculcados al interior de dicha colectividad.
“La Dirección Nacional del partido reitera, de forma categórica, que no tolera, acepta ni consiente prácticas de corrupción bajo ninguna circunstancia, ni actúa como cómplice de quienes incurren en conductas contrarias a la ética y a los principios que rigen nuestro accionar político”, aseguró el movimiento en el comunicado.
Adicionalmente, Alianza Verde reafirmó su compromiso con el respeto al debido proceso frente a las actuaciones disciplinarias internas y señaló que se mantiene a la espera de las decisiones que emita el Consejo de Control Ético.
“Desde el pasado 3 de mayo de 2024, los mencionados militantes fueron denunciados formalmente ante el Consejo de Control Ético del partido, a través de la Secretaria General y en nombre de la Copresidencia, con el propósito de determinar el grado de responsabilidad frente a los hechos públicamente denunciados y establecer las sanciones correspondientes”, detallaron.
Del mismo modo, la dirección nacional aseveró que su colectividad “no lo definen las individualidades. Hay una esencia Verde, de transformación cívica y ética que nos distingue como colectividad y sigue siendo un común denominador entre quienes la integran (...) seguiremos comprometidos con la transparencia, la legalidad y la lucha frontal contra la corrupción”.
Esta decisión del partido Alianza Verde se efectuó tras un encuentro realizado entre senadores, representantes a la Cámara y directivos de la colectividad, el lunes 12 de mayo de 2025, donde manifestaron que el escándalo de la Ungrd ha generado un fuerte golpe a la confianza de la ciudadanía a dicho movimiento político.
Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación señalan que el entonces presidente del Senado, Iván Name, habría recibido 3.000 millones de pesos por parte del exsubdirector de la Ungrd, Sneyder Pinilla, que involucraron maletas cargadas con millones de pesos y un esquema logístico cuidadosamente planeado.
En cuanto a Sandra Ortiz, la entidad acusatoria indicó que sería responsable de ser el presunto enlace entre el Gobierno Petro y el legislativo, para coordinar la entrega del dinero al congresista que iba destinado para los carrotanques de la Ungrd en el departamento de La Guajira, por lo que fue acusada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.
La suspensión de Iván Name y Sandra Ortiz ya se venía discutiendo en las filas del partido de centro-izquierda. Uno de los integrantes que manifestaba dicha solicitud era el senador Ariel Ávila.
“Desde hace un año exactamente solicitamos al @PartidoVerdeCoL la expulsión del señor Iván Name y la señora Sandra Ortiz. Hoy la @CorteSupremaJ nos da la razón. Aun el partido no los expulsa”, escribió en su cuenta de X.
Por su parte, la senadora Angélica Lozano aseguró que la decisión de la dirección nacional de Alianza Verde es acorde con los principios de la colectividad. “Me parece acertada la decisión del partido”, expresó la congresista en diálogo con Caracol Radio.
La captura de Iván Name, que anteriormente ocupó la presidencia del Senado, fue el detonante para que la Alianza Verde tomara esta decisión. Por su parte, Sandra Ortiz, que se encuentra detenida desde principios de 2025 en la Estación de Carabineros en Bogotá, también fue objeto de la misma medida.
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